Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

Eva Granados, portavoz del PSOE en el Senado, se ha mostrado convencida de que la Generalitat va a cumplir la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos un 25% de las clases en Cataluña. “Una cosa es lo que se dice hiperventiladamente (sic) y otra la que se hace y la Generalitat ha estado cumpliendo cuando ha habido esa petición por parte de las familias y no tengo ninguna duda de que lo seguirán haciendo”, ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso. Granados ha lamentado que “la derecha y el independentismo radical” se dediquen a “inflamar” una situación que tiene que ver con la escuela, la educación y la lengua.

Y continua la polémica por el caso del niño de Canet en Barcelona. Mientras que populares y Ciudadanos hablan de 'apartheid', los socalistas piden no politizar la educación.

FOTO: El presidente del PP, Pablo Casado, participa de una conferencia en el palacio de La Moneda, en Santiago de Chile. EFE/Elvis González

Cuatrocientas personas se han manifestado esta tarde en Canet de Mar en protesta por la sentencia que obligó a la escuela Turó del Drac a impartir un 25% de las clases en castellano, a raíz de la denuncia de una familia. Después de que se hiciese público el caso, los padres del niño denunciaron de nuevo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que estaban sufriendo una campaña de acoso por redes sociales. El alto tribunal lo admitió a trámite y notificó tanto al Govern como a la dirección de la escuela que debían proteger la intimidad de la familia y garantizar la normalidad en el espacio escolar. En paralelo, la Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación en redes, a partir de una denuncia de Vox y la entidad Hablamos Español. Informa Sergi Bassolas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat "preservar la protección e intimidad" del menor de Canet de Mar y de su familia, que pidió a la justicia que el centro del niño impartiese el 25% de clases en castellano, después del acoso recibido, así como garantizar "la normal convivencia" en el colegio. Así lo señala el tribunal en un auto con fecha de 9 de diciembre al que ha tenido acceso TVE.

Tras la campaña de acoso denunciada por la familia del niño de Canet de Mar que ha pedido que se le garantice el 25% de la enseñanza en castellano en cumplimiento en la sentencia del TS, la Fiscalía investigará lo ocurrido. Se han vertido amenazas en redes sociales y han aparecido pintadas en los alrededores del centro. El conseller de Educación dice que ya se garantiza el mínimo en castellano y que no se puede hacer más. El Defensor del Pueblo recuerda que hay que cumplir la ley. El PP, Pablo Casado, pide amparo para esta familia.

El ciberataque que ha afectado este viernes por la noche a los sistemas de información de la Generalitat está controlado. Así lo ha asegurado Jordi Puigneró, el vicepresidente del Govern. Puigneró dice que ha sido el ataque "más potente con diferencia" del último año y que los servicios ya están restablecidos.

FOTO: Una persona teclea en un ordenador personal. GETTY.

En Cataluña, el gobierno de Pere Aragonès defiende la inmersión lingüística pese a la sentencia firme que obliga a dar un 25 % de las clases en castellano. Tiene dos meses para acatarla aunque hoy anuncia desobediencia. El PP pide al Gobierno que aplique el artículo 155 educativo.

El Gobierno catalán exige a los centros educativos que desobedezcan y pide a los profesores que sigan trabajando como hasta ahora. Considera que la sentencia es un ataque grave y el presidente, Pere Aragonés, advierte a Moncloa, "el catalán en la escuela no se toca. No puede ser que ahora el Gobierno pueda ser cómplice de este posible retroceso".

FOTO: EFE/Cati Cladera

La Generalitat de Cataluña ha pedido a los centros que no hagan ningún cambio después de que el TS no haya admitido su recurso a la sentencia que obliga a impartir un mínimo de 25% de materias en castellano. El presidente Aragonés habla de “injerencia de la justicia” e insiste en que su sistema está blindado por una ley catalana. El Supremo argumenta que no entra en el fondo y que su decisión se basa en fallos anteriores que ya habían avalado que se importa ese porcentaje en castellano.