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Tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al diputado del PDeCat Francesc Homs a trece meses de inhabilitación por desobedecer al Constitucional al organizar la consulta soberanista del 9N en 2014, han llegado las reacciones políticas. El PPC cree que "Forcadell y los indepedentistas seguirán el mismo camino". El PSC espera la renuncia de Homs como diputado. Podemos tacha de "grave" la condena de inhabilitación.

El Gobierno catalán va a sacar este miércoles adelante los presupuestos autonómicos gracias a la mayoría independentista en el Parlament. La CUP, que cede dos de sus 10 votos, va a facilitar la aprobación del proyecto de Junts Pel Sí, a pesar de sus críticas por el contenido social de las cuentas. Además, los anticapitalistas condicionan su apoyo a que el referéndum se celebre como muy tarde en septiembre. La consulta ha propiciado el apoyo de la CUP pero ha conseguido el efecto contrario en la oposición, que, aunque no de forma conjunta, va a recurrir los Presupuestos al Constitucional por considerarlos ilegales.

El Consejo Ejecutivo del Govern catalán deja hoy una imagen inusual. Una demostración de apoyo, ha dicho la portavoz, Neus Munté, después de la inhabilitación. La portavoz del Govern ha explicado que cuentan con el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau para hacer "pedagogía" sobre el referéndum y el proceso independentista. Esta invitación ha irritado a la oposición, que ha acusado al Govern de utilizar el Consell Executiu como su sala de conferencias.

Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, los tres exmiembros del Gobierno de la Generalitat condenados por la consulta independentista del 9N, asisten este martes a la reunión del Govern que pretende mostrar su rechazo a las distintas penas de inhabilitación dictadas para ellos en el Tribunal Superior de Justicia catalán. Por la tarde en el Parlament está previsto que comience el debate sobre los presupuestos, que se aprobarán, previsiblemente, mañana. Los llamados grupos constitucionalistas avisan: si las cuentas catalanas incluyen la partida destinada al referéndum, las llevarán al Constitucional.

El que fuera presidente de CDC Artur Mas ha negado este viernes que Convergència se financiara ilegalmente a través del Palau de la Música, así como también ha negado la existencia de comisiones de Ferrovial al partido a cambio de concesión de obra pública. Además, ha puesto la mano en el fuego por el extesorero y acusado Daniel Osàcar, al tiempo que ha apuntado que a la Fiscalía le "interesa mucho atribuir todos los males del mundo" a su partido.

La Mesa del Parlament catalán ha admitido una propuesta de Junts pel Sí para modificar el reglamento de la Cámara y tramitar, de forma exprés, leyes para impulsar la independencia, aunque el debate ha quedado aplazado, porque deberán incluir la creación de una ponencia conjunta para debatirla, una ponencia que es obligatoria para todos los grupos. La oposición critica que Junts pel Sí haya intentado modificar la normativa sin debate y lo consideran una nueva argucia de los independentistas para saltarse las leyes.

En relación con el juicio que se sigue contra el ex consejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs, juzgado por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional al no acatar la prohibición de este de celebrar la consulta del 9N de 2014, PSOE, Ciudadanos y el propio presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, coinciden en que nadie puede saltarse la ley consideran que el procesamiento a Homs tiene connotaciones políticas. Por su parte, el expresidente catalán Artur Mas apunta a que en este juicio hay "una base política clarísima" y que "no hay tema para condenar a nadie".

El exconseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha declarado este lunes en el comienzo del juicio en el que se le acusa de prevaricación y desobediencia por la consulta independentista del 9N, delitos por los que se enfrenta a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Ante el juez, Homs ha admitido los hechos por los que le incriminan y también que conocía la prohibición de celebrar la consulta. Además añade que la consulta se suspendió y se sustituyó por un "proceso participativo".