Torre Pacheco es un municipio de 40.000 habitantes que acoge migrantes desde hace tres décadas. La multiculturalidad y la diversidad son señas de identidad de esta localidad en la que los vecinos reconocen que la desigualdad y la pobreza pueden alimentar conflictos como los vividos los últimos días, con llamadas de grupos de ultraderecha a la "cacería de inmigrantes", por lo que exigen más políticas públicas orientadas al empleo, la educación y la vivienda.
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este jueves una reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio tras los disturbios vividos en la localidad murciana de Torre Pacheco.
"Las redes sociales se llenaron de mensajes xenófobos, de señalamientos que recuerdan a otras épocas, de invitaciones a cacerías y persecuciones que no buscan la verdad, sino la criminalización de determinados colectivos", ha manifestado el ministro del Interior, para recalcar que "son actitudes inadmisibles, que han crecido en los últimos años alentadas por el anonimato en las redes pero también, y esto es lo más grave, por políticos irresponsables, por auténticos pirómanos que son los primeros en alentar la confusión”.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este jueves movilizaciones ante el frenazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, después de que el Gobierno decidiese aplazar la primera votación en el Congreso por la falta de apoyos.
"Sobre todo lo que no nos gusta es que los grupos parlamentarios no asuman su responsabilidad (...) la cuestión es no solo que no se aprueba, sino que ni siquiera se atreven a debatir. Me parece gravísimo que le quieran dar un portazo sin conocer sus argumentos", ha señalado en una entrevista en la Hora de la 1 de TVE.
En su opinión, su objetivo es "mantener el status quo del año 83 y mantener los sectores en nuestro país sin actualizar tecnológicamente" y cree que "este lío de las pymes no tiene ningún sentido", en referencia a la justificación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de prorrogar las negociaciones para garantizar "el acompañamiento" a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), sectores a los que afectaría en mayor medida la norma.
El líder de UGT también se ha posicionado sobre los disturbios en Torre Pacheco (Murcia), un municipio donde se ha mostrado convencido de que "no hay problemas de convivencia" y en el que ha apostado por promover políticas sociales dirigidas a jóvenes españoles "de primera generación o de toda la vida" para que "tengan futuro, puedan formarse y poder articular una vida en nuestro país igual que el resto de ciudadanos".
Y ha señalado directamente a "la política de ultraderecha", la cual cree que "tiene que sacar las manos de la migración porque solo nos lleva permanente al discurso del odio". Foto: Marta Fernández / Europa Press
El Gobierno ha convocado esta mañana una Conferencia Sectorial de Infancia en la que tiene previsto comunicar oficialmente el reparto de los 3.000 menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades. Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, ha puesto en duda que la cita se pueda celebrar por la ausencia de más de la mitad de las comunidades: "Hay que asumir parte de culpa al Estado, no se puede llegar a una negociación de este calibre con una financiación que va a resolver la asistencia a esos menores durante tres meses", declara.
Delgado sostiene que la cita está abocada al fracaso desde hace tiempo por el rechazo de las autonomías del PP y de socialistas como Castilla-La Mancha. Afirma que "supuso mucho esfuerzo sacar esta normativa adelante y ahora se está dilatando en el tiempo", un asunto preocupante para la consejera debido al repunte de llegadas en el mes de septiembre. Por ello, exige al Gobierno la financiación adecuada para atender a los menores hasta la mayoría de edad y usar los mecanismos suficientes a nivel europeo.
Los episodios de racismo y odio sucedidos recientemente en Torre Pacheco abren el debate sobre las consecuencias futuras que podría tener en la sociedad española. Mauricio Valiente, director de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, advierte que "esto viene acompañado de una escalada en los discursos en las prácticas que estamos normalizando", a lo que propone que "tenemos que construir un discurso razonable que no criminalice a nadie y actuar contundentemente contra todos los que difunden discursos de odio y que al final están atacando al conjunto de la sociedad".
Desde el punto de vista social, el director asegura en 'Las Mañanas de RNE' que "lo más importante es que como sociedad entendamos que esto es un ataque a todos nosotros, que esto desestabiliza". Y piensa a su vez en los tiempos que vendrán: "Es el país que vamos a dejar a nuestros hijos, un país plural que es con el que tenemos que trabajar".
El Sindicato de Inquilinas ha conseguido una victoria contra una gestora inmobiliaria, que ha conseguido que la Justicia anulara seis cláusulas que unos vecinos de Madrid consideraban abusivas. Una de estas decía que el arrendador pudiera entrar en la vivienda para comprobar su estado.
Sara Torrijos firmó su contrato de arrendamiento en 2018, que le obligaba a contratar anualmente un seguro de impago cuyo beneficiario era su casero, el fondo inmobiliario Nestar Azora, propietario de todo el bloque. Torrijos explica que "te daban el contrato con tus datos puestos, pero no podías negociar ninguna cláusula ni podías cambiar nada del contrato, si no te gustaba, te ibas".
Esta cláusula y otras cinco han sido anuladas por un tribunal de Madrid, que condena a Nestar a devolver 20.000 euros a 28 inquilinos que denunciaron a través del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
El portavoz del Sindicato, Fernando de los Santos, explica que esto no se detiene aquí. "Lanzamos este mensaje con esta sentencia de que se acabó su impunidad y que a partir de ahora vamos también a por otros fondos como Blackstone, a por la vivienda pública que es gestionada también en muchos casos por fondos buitre", ha asegurado.
Los inquilinos de otros 8 edificios propiedad del mismo fondo ya han presentado una demanda similar.
El abogado representante del Sindicato de Inquilinas, Víctor Palomo, ha sentenciado que "se inaugura una estrategia legal para que los sindicatos de inquilinas puedan pelear, puedan confrontar los abusos en sede judicial".
Por su parte, la inmobiliaria Nestar afirma que las condiciones estaban especificadas con claridad en los contratos y que recurrirá la sentencia.
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Dinosaurios, dodos o el monstruo del lago son, hoy en día, animales invisibles: algunos porque se han extinguido y otros porque nunca existieron. El Museo de Ciencias naturales de Barcelona aúna ciencia y arte en una exposición que quiere concienciar sobre la fragilidad de la biodiversidad.
La princesa Leonor ha recibido este miércoles de su padre, el rey Felipe VI, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, en reconocimiento a su formación y compromiso con la carrera militar, ante la finalización de sus estudios en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra.
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Tras los incidentes racistas en Torre Pacheco, el PSOE de Murcia ofrece sus votos al 'popular' Fernando López Miras para que no tenga que depender de Vox, un acuerdo que ha rechazado. Y mientras el Gobierno pide al PP que condene de forma rotunda los altercados, Alberto Núñez Feijóo condena la violencia pero sigue vinculándola con la inmigración.
"No son coqueteos del PP con la extrema derecha, son realidades. Y un demócrata en esta situación lo que tiene que decirle a su país de qué lado está", ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz.
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Yolanda Díaz ha aplazado la votación de la reducción de la jornada laboral achacándolo al bloque de Junts. En la Hora de la 1 ha dicho que hay que dar tiempo a la negociación y se ha mostrado optimista. Por otro lado, los sindicatos exigen que se reactive la votación de la ley y anuncian movilizaciones.
El Gobierno ha pedido tiempo. Díaz ha comentado que quiere "que esto salga adelante" y ha añadido que tienen que "darse en condiciones serenas". La reducción de la jornada a 37,5 horas semanales se aplaza un poco más. Díaz asegura que están negociando con Junts para evitar el bloqueo de la norma y explica que "estamos trabajando en medidas que tienen que ver con el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas".
Por su parte, los sindicatos mayoritarios, que se manifestaban esta mañana ante la sede de la patronal catalana, no entienden el retraso. El líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha anunciado movilizaciones para los próximos meses. Asegura que "cada día que pasa es una oportunidad que perdemos, es además meterse en un proceso con ciertas incertidumbres políticas que son las que estamos viviendo hoy".
Desde la patronal denuncian la incertidumbre que están viviendo las empresas y piden al Gobierno "que nos dejen trabajar, déjenos ponernos de acuerdo, no sigan generando esa inseguridad jurídica por causas de política partidista", ha comentado Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Aseguran que reducir la jornada costaría a las empresas más de 23.000 millones de euros.
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