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Vanessa López, Directora de Salud por Derecho, ha dicho en Las mañanas de RNE que las patentes que permiten a las compañías fabricar un medicamento durante 20 años, tienen problemas. "Uno de ellos es los altos precios. Y ahora estamos viendo un problema en ampliar la producción de las vacunas. Creemos que eliminar las patentes de forma temporal es una condición necesaria, aunque no suficiente, para ampliar la producción", explica.

Las declaraciones de Biden y el apoyo de la administración americana han cambiado un poco el discruso. "Sin duda ha venido a desbloquear un debate y una propuesta que estaba encima de la mesa desde el mes de octubre. Lo triste es que en estos meses la UE y los países más ricos se venía negando. Esperamos que tras este apoyo por Biden otros países se sumen", ha dicho.

Y destaca la aportación pública en el desarrollo de las vacunas contra la COVID. "Esta aceleración sin precedentes por una vacuna ha sido gracias al esfuerzo público que se ha hecho en un tiempo récord. La mayor parte de la inversión para la vacuna de COVID es pública, de Reino Unido y la UE. No tiene sentido decir que el riesgo mayor lo asumen las farmacéuticas.  La mayor parte de los procesos previos es dinero público. Se trata de recuperar el retorno social y justo de las inversiones públicas para salir de la pandemia y salvar millones de vidas", ha explicado.

Con el avance de la vacunaciónbaja la incidencia de coronavirus en nuestro país.  Así ha evolucionado desde que se levantó el estado de alarma, hace casi dos semanas. El 7 de mayo, el viernes anterior a ese fin de semana, la incidencia en España era de 198 casos por cien mil habitantes. Ahora, 13 días después, esa incidencia se sitúa en los 139 casos. Una bajada de casi 60 puntos. Los expertos son optimistas, pero creen que todavía es pronto para notar los posibles efectos de las primeras salidas tras el fin del estado de alarma.

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Foto: Sanitarias administran vacunas contra el coronavirus en Murcia. EFE/Marcial Guillén

Hace un año, en medio de la pandemia y de la amenaza de un desastre económico sin precedentes para Europa y el mundo, Merkel y Macron lanzaban un ambicioso plan de ayudas económicas para todos los socios: 500.000 millones de euros que luego se convertirían en 750.000, el equivalente al 6,5% del PIB europeo, para modernizar Europa y hacerla más verde y más competitiva.

El 21 de julio del año pasado, en una Cumbre record por su duración y complejidad, los países de la UE aprobaban esa gran ayuda financiera, que hacía realidad una hasta entonces desconocida solidaridad presupuestaria y la puesta en circulación de 750.000 millones de euros a lo largo de cinco años para hacer cambios radicales en las economías europeas, digitalizarlas, hacerlas más respetuosas con el medio ambiente y prepararlas para futuras nuevas crisis globales.

Sólo se podrán repartir en el momento en que todos los países de los 27 hayan ratificado los planes nacionales. De momento sólo 19 Parlamentos de la Unión han dado ya luz verde y algunos, como Holanda y Finlandia, están poniendo pegas. De todo esto hablamos con los embajadores de los dos países padres de esta iniciativa: Wolfgang Dodl, embajador de Alemania en España y Jean Michel Casa, embajador de Francia en España. También debatimos con Miguel Gil Tertre, jefe de división de la Task Force Recover de la Comisión Europea, y Eulalia Rubio, investigadora senior del Instituto Jacques Delors, especializada en analizar el presupuesto de la UE.