La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha afirmado este lunes que no descarta tomar acciones legales contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que ha vinculado esta plataforma con "grupos filoetarras".
Cifuentes, en una entrevista en RNE, ha acusado a Ada Colau directamente de apoyar a grupos proetarras y ha acusado a la plataforma de realizar acciones "próximas a la kale borroka".
La delegada del gobierno en Madrid ha acusado a la portavoz de la plataforma de afectados por la Hipoteca de tener otros intereses y apoyar a grupos proetarras. La propia Ada Colau ha respondido que es un intento de desviar la atención del problema porque el gobierno no está haciendo nada para evitar los desahucios.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, vincula a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con "grupos filoetarras" y compara sus actos de protesta con "acciones de lucha callejera hasta llegar a la kale borroka". Además, critica "la estrategia política radical" de esta plataforma: "La señora Ada Colau (portavoz de PAH) y otras personas de la plataforma han manifestado su apoyo a Bildu y Sortu y estos grupos tienen mucho que ver con ETA". En este sentido, muestra su rechazo a "los que aprovechando la crisis económica, el paro y los desahucios acosan a los políticos, casualmente siempre del PP". Se refiere así a la protesta que desarrollaron en la vivienda del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, en Valencia varios miembros de la PAH (25/03/13).
El juez ha absuelto a 11 activistas de la Plataforma Stop Desahucios de Madrid que se encerraron en una sucursal bancaria para impedir que una mujer perdiera su juicio. Tras el juicio, decenas de personas han ocupado las oficinas del SAREB, al conocido como banco malo. Otros dos miembros de Stop Desahucios han prestado declaración por ocupar una casa de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid.
Los jueces de baleares han acordado suspender los desahucios cuando haya una denuncia por cláusulas abusivas. El consejo general del notariado ha tomado también la misma decisión tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que dice que la ley hipotecaria española vulnera los derechos del consumidor.
Este miércoles en la sesión de control al Gobierno -Alfredo Pérez Rubalcaba- preguntará al presidente del Gobierno -Mariano Rajoy- si mantiene sus previsiones macroeconómicas. Además el ejecutivo tendrá que contestar a temas como los desahucios y el decreto de pensiones aprobado en consejo de ministros el pasado viernes.
Los afectados por un desahucio viven un duro proceso que les provoca colapso emocional, y no encuentran apoyo útil más allá del que les brindan algunas organizaciones sociales. Así recoge este estudio elaborado por Cáritas y que analiza por primera vez los sentimientos de quienes pierden su hogar por la crisis.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros nueve meses de 2012 hubo 49.700 desahucios, casi un 16% más que el año anterior. Durante toda una mañana hemos acompañado a una comisión judicial en la ejecución de varios desahucios por alquiler.
La sentencia del Tribunal Europeo obliga a cambiar la ley hipotecaria.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha dicho que el Gobierno introducirá cambios en la normativa española que regula los desahucios para cumplir íntegramente con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De Guindos ha señalado que en primer lugar, se introducirá una definición de las cláusulas abusivas, "estableciendo una limitación clara de esta posible situación de abuso en estas cláusulas". Además, el Ejecutivo cambiará el procedimiento de ejecución hipotecaria para ofrecer más garantías al deudor, tal y como exige la Corte europea.
El Tribunal de Justicia de la UE menciona tres cláusulas abusivas en su sentencia: la primera es el vencimiento anticipado (con la ley actual el impago de una sola cuota permite a la entidad reclamar el total de la deuda); la segunda es el interés de demora (no se podrá exigir cuatro o cinco veces más que el precio oficial del dinero); y la tercera, que la entidad no pueda fijar de manera unilateral la deuda que resta por pagar.
