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El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado este jueves que en España hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos para acogerse a la paralización de desahucios y que las entidades financieras ya se han comprometido a aportar 6.000 viviendas al nuevo Fondo Social de Vivienda que se pondrá en marcha y que está destinado al alquiler con precios bajos para las personas que no tengan hogar. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afirmado que el decreto "no paraliza ningún desahucio", sino que solo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y que las familias se queden sin casa, acusando al Gobierno de aprobar más bien una moratoria para "evitar tener en el telediario durante dos años situaciones dramáticas de expulsiones" de sus viviendas.

Son algunos ejemplos que hemos encontrado de como administraciones públicas e iniciativas privadas buscan soluciones al drama de quienes se han quedado sin casa. Las llaman viviendas solidarias. Pisos del ayuntamiento de Madrid que ha cedido a tres ONGs para personas que han perdido su casa. Facilitará unos 200 y podrán estar al menos durante un año. Una solución que además resultará mucho más ágil que solicitar un alquiler social a la administración. Otras mil viviendas ha cedido la comunidad de Madrid a Cáritas. Estaban vacías. Las familias desahuciadas podrán alquilarlas por unos 200 euros. Algunos hasta por 40. Recursos institucionales a los que se unirá el ayuntamiento de Barcelona con 66 pisos.

La generosidad de un desconocido ha evitado el desahucio de una familia con tres hijos en Vigo. Un donante anómimo les ha dado los 8.500 euros que necesitaban para liquidar varios recibos. Era la condición que el banco les impuso para concederles la dación en pago y un alquiler social de su casa.

Los alcaldes socialistas pondrán en marcha iniciativas en contra de las entidades financieras que mantengan los desahucios, como por ejemplo la retirada de depósitos municipales, y negarán la colaboración de las policías locales en los procesos de desalojos. Además, insisten en reclamar la reforma integral de la ley de ejecuciones hipotecarias, tal como subraya el alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. "Hay que dar un plazo razonable para que la situación se estabilice, porque estamos en una crisis profundísima; en sgundo lugar, tiene que contemplar la dación en pago, no es posible que uno se quede sin su piso y además y adeudando cantidades multimillonarias a un banco que fue el que tasó la vivienda en el precio que pretenden cobrar en su totalidad, y a partir de ahí nosotros lo que ofrecemos es asistencia jurídica, apoyo a los ciudanos para defender sus derechos y sobre todo en una etapa de crisis tan tremenda. La gente que no paga es porque no puede pagar", explica (20/11/12).

El PSOE va a movilizar a sus alcaldes para frenar los desahucios. Entre otras medidas, los ayuntamientos socialistas retirarán los fondos de los bancos que ejecuten desahucios en sus municipios. Es una de las propuestas que han acordado en una reunión hoy en Madrid con la dirección del partido. Pondrán también en marcha programas de asesoría legal y de mediación para los afectados. El objetivo es, insisten, paralizar todos los desahucios que afecten a familias que por la crisis no pueden pagar. Y seguirán trabajando, dicen los socialistas, para que estas medidas se conviertan en ley.

El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, ha asegurado este lunes en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum que "el crédito ayuda a superar la crisis. Para proteger a las personas que están en peligro de quedarse sin casa, hay que dar más créditos y crear más casas y no poner trabas a que el crédito resurja cuando hay problemas", ha afirmado.

Decenas de personas inmersas en procesos de desahucio han presentado hoy en juzgados de toda España un escrito para que se paralicen , a la espera de que el Tribunal Europeo se pronuncie sobre si la Ley Hipotecaria española es abusiva o no. La patronal bancaria afirma que para salir de la crisis hay que dar más créditos hipotecarios y no poner dificultades.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno para paliar los desahucios beneficiará a los colectivos más vulnerables. Se aplicará una moratoria de dos años a las familias numerosas que ganen menos de 19.200 euros anuales, cuya hipoteca sobrepase el 50 por ciento de los ingresos netos y tengan a su cargo dos hijos o un menor de tres años. La medida incluye también a familias con personas discapacitadas o dependientes, deudores en paro y víctimas de violencia de género.Tras varios días de negociación, el PSOE no se ha sumado al acuerdo con el Gobierno. El Ejecutivo impulsará la creación de un parque de viviendas sociales en alquiler para familias desalojadas.

A partir de hoy se puede solicitar la moratoria de dos años antes de ejecutar el desahucio de familias que cumplan ciertos requisitos. La banca recuerda que serán ellos los que carguen con este coste y desde diversos sectores creen que esta medida es insuficiente.