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Bankia, BBVA y Caixabank aportarán casi la mitad de las alrededor de 6.000 viviendas que formarán el fondo, todas propiedad de entidades financieras. Podrán acceder a ellas las personas desalojadas de su hogar desde el 1 de enero de 2008 por no pagar la hipoteca.

Los beneficiarios tendrán que encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. Es decir, cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno como no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año y no ser propietario de ninguna otra vivienda. Y además, ser familia numerosa, monoparental con dos o más hijos o por ejemplo, estar en el paro y haber agotado la prestación.

Los interesados deberán solicitar la vivienda al banco que los desahució. El precio del alquiler oscilará entre los 150 y 400 euros al mes con un límite máximo a pagar del 30% de la renta familiar. El contrato durará dos años con opción a un tercero si la situación del arrendatario no ha cambiado.

Las primeras viviendas se asignarán el 31 de marzo y tendrán prioridad aquellas familias en situación de mayor necesidad o riesgo social.

Los procedimientos de desalojo de viviendas, locales o fincas, conocidos como desahucios, presentados en los juzgados hasta septiembre ascendieron a 49.702, el récord desde que se difunden estos datos y un 15,9% más que los registrados en el mismo periodo de 2011. Así lo recoge la estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Un día después del sorteo de Navidad seguimos encontrando emocionantes historias de los afortunados. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, una pareja que ha ganado 400 mil euros en el gordo, conseguirá parar el desahucio de su casa previsto para el próximo jueves. 

Un 45% dice estar en esa situación después de perder el empleo. Este año 23.000 personas han utilizado los comedores y albergues sociales según el último estudio del instituto nacional de estadística.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha puesto en el Senado una condición más para las familias que quieran acogerse a un alquiler social, aparte de que el desalojo se tiene que haber producido por el impago de una hipoteca, cumplir los supuestos de especial vulnerabilidad y no tener ingresos de más de 19.000 euros al año, la fecha del desahucio tiene que ser posterior al 1 de enero de 2008.

Desde la entrada en vigor del Decreto que paraliza algunos desahucios, las asociaciones no dan abasto informando a aquellos que ya tienen fecha para ser lanzados de su vivienda. ¿Quiénes entran en ese cupo que permite aplazar dos años el desahucio? Comprobamos como algunos de ellos se paralizan en el mismo día del aviso. Es el caso de Ana, que podrá quedarse en su casa dos años más, aunque los intereses se seguirán acumulando.

María ha sido desahuciada de su vivienda... y acaba de ocupar un piso en Villaverde. Ha pagado unos 500 euros por la información y por que se lo abran. Se trata de grupos organizados que controlan dónde se producen los desahucios. En este barrio de Madrid existen, según los vecinos, unos 500 pisos ocupados. Es fácil comprobarlo. Basta llamar en cualquier portal para encontrar 'casas de patada'. Noelia vivía con sus padres en un bajo, y cuando vio que desahuciaban a una familia del cuarto, no dudó en subir a ocuparla.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha asegurado en Los Desayunos de TVE que "los desahucios son consecuencia de la crisis económica y no de cómo está organizado el sistema hipotecario". "Se han creado muchos desempleados y, al no poder pagar, se ha generado el problema", ha afirmado Martín. El presidente de la AEB ha admitido que los bancos han cometido errores, pero también que "la crisis no la han provocado los bancos". Sobre las preferentes, Marín ha señalado que deben exigirse responsabilidades efectivamente a los gestores de las entidades financieras que comercializaron.

El Congreso acaba de convalidar el decreto que paraliza durante dos años los desahucios de familias muy vulnerables, finalmente 120.000 según el ministro de Economía. El decreto ha salido adelante con los votos de PP y UPyD. El resto de la oposición ha votado en contra a la espera de la tramitación parlamentaria.