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En el Congreso hoy terminaba el plazo para presentar enmiendas a la ley antidesahucios y el PSOE ha registrado ya las suyas donde plantea expropiar viviendas a los bancos como recoge el decreto de la Junta de Andalucía que hoy entra en vigor.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba habló unas horas antes de que entrase en vigor "el decreto antidesahucios" de Andalucía sobre esa medida. Dijo que no duda de su constitucionalidad y que el PSOE presentará una enmienda con el mismo espíritu para que se incluya en la reforma de la ley hipotecaria. También aseguró respecto a la idea de expropiar a los bancos las casas que tengan vacías, que ninguna entidad se va a ir a la ruina porque en tres años se quede sin una de sus casas para una familia que lo necesita.

Los escraches están detrás de la polémica del día en Twitter. El ex-diputado autonómico del PP, Sigfrid Soria, ha incendiado la red social amenazando con respuestas violentas al que le hiciera un escrache. El PP de Canarias ha condenado sus palabras, le ha abierto un expediente y le ha apartado de la Junta Directiva. Sigfrid Soria no es el primero que mete la pata hasta el fondo en Twitter.

Ya está en el Boletín Oficial andaluz el decreto que permite la expropiación temporal de viviendas en determinados procesos de desahucios. El Consejo del Poder Judicial dice que la norma publicada es positiva. El Partido Socialista presentará una enmienda a la ley que se tramita en el Congreso para generalizar la medida. Algo que el PP considera demagógico.

Bancos y promotores inmobiliarios aseguran estar preocupados por el decreto-ley aprobado por la Junta de Andalucía que permitirá expropiar temporalmente el uso de viviendas afectada por un proceso de ejecución hipotecaria instada por un banco. Aún así, aseguran, quieren esperar a que se publique, este jueves.

Habrá perímetro de seguridad para impedir los escraches, pero este no será necesariamente de 300 metros como se había dicho en un principio. Se decidirá en cada caso a qué distancia estará prohibido este tipo de protestas frente a los domicilios de los políticos. El Ministerio del Interior ha mandado una instrucción a las delegaciones del Gobierno, a la que ha tenido acceso Efe, en la que se insta a "adoptar las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio".

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha pedido reflexión sobre los escraches y ha preguntado por qué "un niño" tiene que "aguantar presión en la puerta de su casa". En este sentido, pide que la movilización contra los desahucios no implique "violencia contra las personas". González, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en un almuerzo de la Asociación para la Defensa de la Transición, opina que se está llegando a un "cierto consenso" en que la movilización no puede derivar en "violencia contra las personas". "¿Por qué un niño va a tener que aguantar una presión en la puerta de su casa?. En eso se tiene que reflexionar seriamente. Es una importación que hemos hecho de Argentina, pero por cosas distintas. No es la mejor importación que hemos hecho", ha señalado González.

Las expropiaciones forzosas se regulan por una ley de 1954 que se ha ido adaptando. Arranca fijando las causas que permiten a una administración quedarse con una propiedad privada de cualquier persona o entidad. Solo la utilidad pública o el interés social, previsto en la Constitución, justifican la expropiación forzosa mediante la venta, el alquiler o también la ocupación temporal. Este último caso es el que contempla la Junta de Andalucía para parar los desahucios durante un máximo de tres años. La ley menciona distintos tipos de expropiaciones. Y cita la que se realiza para asegurar la función social de la propiedad, una función social que su propietario incumple. La expropiación temporal que contempla la ley hace referencia a la realización de obras o trabajos necesarios para que la propiedad cumpla con las exigencias sociales. Son artículos en los que podría basarse el decreto andaluz, aunque habrá que ver la letra pequeña. El Gobierno andaluz ya hizo algo parecido en 1984, con la reforma agraria. Aprobó la expropiación de las fincas cuya función social no se cumplía porque estaban abandonadas o sin uso. Creó un impuesto para las tierras infrautilizadas y con las sanciones obtuvo dinero destinado a reformar el campo. La medida se recurrió, pero el Tribunal Constitucional dio la razón a la Junta tres años después.

Políticos, banqueros y gestores de inmobiliarias debaten hoy sobre el decreto aprobado ayer por el Gobierno de Andalucía. El texto permite expropiar temporalmente viviendas a bancos e inmobiliarias antes o después de un desahucio en casos en los que haya riesgo de exclusión social.