Consejo General del Poder Judicial

• Existe gran malestar entre jueces y fiscales por la presencia de García Ortiz en el acto
• También parte de la judicatura se ha mostrado en contra de la reforma de la carrera judicial y fiscal del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la coherencia de su decisión de no acudir al acto de apertura del Año Judicial y ha refrendado su "absoluto respeto" al rey Felipe VI, que presidirá el acto, y al Poder Judicial en su conjunto. "Es una decisión coherente", ha afirmado en una rueda de prensa en un colegio de Guadalajara en la que ha dicho que muestra su "disconformidad" no asistiendo al acto. Asimismo ha calificado la presencia del fiscal general del Estado en ese acto de "provocación".

"Mi presencia no puede convalidar ni validar los ataques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni que el fiscal general se dirija a los magistrados que lo están investigando y que podrían juzgarle", ha defendido.

Feijóo ha relatado que recibió la invitación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en julio y que unos días después, cuando se conoció la decisión del Supremo de investigar a García Ortiz, en Génova le comunicaron al mencionado órgano que "no procedía" la presencia del líder del PP.

FOTO: Carlos Luján / Europa Press

• El líder del PP asegura que "es un error" y una "provocación" que no "avalará" con su presencia
• Y asegura que es una "decisión coherente" y que respeta al rey y al Poder Judicial

• El acto estará presidido por el rey y con un fiscal general del Estado al borde del banquillo
• El PP lamenta que el Gobierno "someta" al rey "a la tensión institucional de compartir acto con un FGE en situación procesal"

• Asegura que no hizo públicas sus quejas para "dejar trabajar con tranquilidad" al CGPJ
• El ministro ha puesto dos denuncias contra el juez del caso Begoña Gómez

• El dirigente denuncia que se tuvo que archivar una causa de corrupción porque al instructor se le pasó el plazo de prórroga
• El promotor de Acción Disciplinaria deberá decidir si incoa un expediente sancionador o archiva la queja

• El ministro elevó una queja tras el interrogatorio marcado por los reproches que el juez hizo en Moncloa
• El Supremo descartó investigar a Bolaños por la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado"

Programa 50. La criminología es fundamental para estudiar, prevenir y combatir los delitos y crímenes, así como para conocer a sus víctimas y victimarios. Por eso repasamos cuatro secciones clave de nuestra socióloga y criminóloga de cabecera Victoria Pascual: la corrupción en España, la trayectoria delictiva de Donald Trump, la diferencia entre psicopatía y trastorno de la personalidad antisocial y su último libro Familias asesinas (Pinolia).

Programa 49. Repasamos en este programa las mejores secciones que el periodista de RNE Jesús Sebastián ha dedicado a aclarar dudas relacionadas con la justicia, siempre con la inestimable colaboración de los portavoces de Juezas y Jueces para la Democracia. Analizamos la Ley de Eficiencia de la Justicia, vemos cómo se preparan los juicios con jurado popular y conocemos la importancia de las salas Gesell en los procesos que afectan a menores de edad.

Programa 48. Dedicamos este programa a repasar lo mejor de la crónica negra que nos ha contado durante la temporada Xurxo Melchor, periodista de La voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales. Reflexionamos sobre la injusticia hacia Dolores Vázquez en el caso Wanninkhof, analizamos un asesinato para el que Xurxo reconoce que no encuentra explicación y descubrimos cómo la industria de la música también guarda relación con el crimen.

Programa 47. Comenzamos la temporada de verano haciendo un repaso de las entrevistas que hemos realizado en Galicia. En A Coruña charlamos con el juez José Antonio Vázquez Taín, instructor del caso Asunta, el accidente del Alvia y el robo del Códice Calixtino, entre otros. En Ferrol conversamos con el abogado Ricardo Pérez Lama, que ejercitó la acusación popular en el juicio por el asesinato de Asunta. También visitamos Vigo para conocer a los familiares de Déborah Fernández y a la magistrada de Santiago de Compostela Ana López-Suevos.

• Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas son ratificados como presidentes de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo
• El resultado de las votaciones, con 15 y 16 votos a favor, refleja el apoyo transversal de los conservadores y progresistas

Programa 46. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta que el Tribunal Supremo acaba de confirmar las penas de prisión permanente revisable y 15 años de prisión a Eugenio Delgado, único condenado por el asesinato de Manuela Chavero en Monesterio (Badajoz). Núria González, abogada especializada en Derechos Humanos, nos habla sobre el mercado de los vientres de alquiler después de que el Gobierno haya prohibido que los niños nacidos a través de esta práctica en el extranjero, que es ilegal en España, sean inscritos en los consultados. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza los crímenes de guerra. Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al quinto y último capítulo del crimen de los marqueses de Urquijo (1980).

• Moscoso fue nombrado fiscal general del Estado en 1986
• También fue elegido como interlocutor en los contactos con ETA tras el atentado en la T-4 de Barajas

Programa 45. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos explica con datos, mitos y confrontaciones, por qué la violencia machista es un fenómeno criminal. Conversamos con Jesús Sebastián, periodista especializado en tribunales del área territorial de Madrid de RNE que nos cuenta lo que ha aprendido en las salas de juicios en casos como el crimen del Rey del Cachopo o la tragedia del Madrid Arena. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual sigue analizando la relación entre la criminología y los medios de comunicación desde los Cursos de Verano de El Escorial (Universidad Complutense de Madrid). Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al cuarto capítulo del crimen de los marqueses de Urquijo (1980).

Conversamos con Jesús Sebastián, redactor de RNE en el área territorial de Madrid especializado en tribunales que está a punto de jubilarse. Nos cuenta qué ha aprendido durante más de una década en las salas de juicios en casos tan destacados como la tragedia del Madrid Arena, el pederasta de Ciudad Lineal o el crimen del Rey del Cachopo.

¿Qué ha aprendido un periodista en las salas de juicios? Esta semana en Al margen de la ley conversamos con Jesús Sebastián, redactor de RNE en el área territorial de Madrid especializado en tribunales que ha cubierto casos como la tragedia del Madrid Arena, el pederasta de Ciudad Lineal o el crimen del Rey del Cachopo. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.

En el segundo de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, hablamos con Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en Las Mañanas de RNE: "Los jueces son un poder del Estado, como tal no se pueden ni se deben poner en huelga", afirma.

"Supone una manifestación clarísima de una Justicia militante que queda fuera de lo que debe ser la Justicia imparcial, al margen de los debates políticos", el magistrado hace referencia al filósofo francés Montesquieu: "La peor tiranía es la judicial que se ejerce a la sombra de la ley y al calor de la Justicia", dice. Por tanto, un juez no puede potenciar una "ruptura institucional", eso no quiere decir que no requiera una reforma. Aunque, según Giménez, "hay que entender que esta reforma supone una lesión contra el Estado de Derecho, nos olvidamos que Poder Judicial tiene que respetar al Legislativo", concluye.

Este martes ha comenzado una huelga de tres días convocada por asociaciones de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno, que consideran una amenaza para la independencia judicial. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asegura que el paro carece de base legal, las asociaciones lo defienden como un derecho constitucional. En el informativo 24 Horas de RNE hablamos con Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Desde la APM critican la actitud del Gobierno ante las protestas. Aseguran que el Ministerio de Justicia "ha ofrecido un cambio en la ley, respeta las movilizaciones y las medidas que adoptemos", pero Mariscal lamenta que "le resultan indiferentes, ya que ofrece exclusivamente reformas cosméticas".

Añade, además, que "la realidad es que lo único que observamos es que el Ministerio no tiene ninguna voluntad de diálogo, como ha demostrado durante mucho tiempo", y concluye que "lo que buscan es reducir la inversión, incrementar la carga de trabajo, no piensan en quienes integran la carrera e introducen reformas que afectan a los derechos de los ciudadanos".

Este martes ha arrancado el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal. Según las asociaciones convocantes, de carácter conservador, han secundado la huelga 3 de cada 4 jueces y fiscales.

La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.

Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.