A pleno sol y frente al símbolo del poder judicial, el Tribunal Supremo, este sábado se han manifestado jueces y fiscales de cinco asociaciones diferentes que coinciden en su denuncia: creen que la reforma del Gobierno supone una clara injerencia en el poder judicial.
Y piden al Ejecutivo que la retire de forma inmediata. Centran sus críticas sobre todo en dos aspectos concretos, en los cambios a la hora de acceder a la carrera judicial y fiscal y la modificación del estatuto que deja en manos de los fiscales la instrucción de causas penales.
"No puede admitirse en una instrucción con garantías que un fiscal pueda recibir una orden singular de su superior, son incompatibles con un fiscal instructor independiente", señala el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallares.
Han anunciado que mantienen la huelga prevista para la semana que viene y el ministro de Justicia les ha respondido: "Pido que se lean el proyecto de ley para comprobar que los motivos de la concentración de hoy son infundados, no hay absolutamente nada que afecte a la independencia judicial ni al Estado de derecho", ha recriminado Félix Bolaños.
Al final de la concentración, un grupo de personas han intentado impedir que los medios de comunicación, especialmente Televisión Española, informara sobre el acto.
Foto: EFE/ JP Gandul
Conversamos con Blanca Frías, presidenta de la Asociación ANCEME, la primera asociación para víctimas de estafas con manipulación emocional en España. Blanca nos habla sobre las características de estas estafas que son en realidad violencia digital, los prejuicios sociales, las dificultades para denunciar y las limitaciones legales.
No todas las asociaciones de jueces y fiscales apoyan la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, pese al CGPJ. Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, ha mostrado su rechazo en el informativo 24 horas de RNE. "No es justificable que se pretenda presentar como causa de una huelga que un proyecto de ley, que ni siquiera se ha aprobado, va a comprometer la independencia judicial, cuando estamos seguros de que eso no es así", ha dicho Rodríguez. Ha admitido que el proyecto de ley necesita mejoras, pero ha insistido en que "lo que pretende la ley es incorporar un procedimiento de selección que ya existía hasta el 2003: que además de una prueba teoría se haga una práctica" y que es algo que ve "razonable y que permitirá que la selección sea mejor."
En el informativo del '24 Horas de RNE', hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y a la Fiscalía.
Respecto a la convocatoria de la huelga, desde el AJFV aseguran que se fijarán los servicios mínimos según el comité de huelga, porque, según aclara Ortiz, "somos responsables y sabemos que en un conflicto colectivo tiene que haberlos". Si hay un responsable de todo lo que ocurre en esta movilización, es el Ministerio de Justicia, que, según el entrevistado, "la pelota está en su tejado". Añade que el comité de huelga "está dispuesto a hablar el día que sea, a la hora que sea y en el lugar que sea".
El Consejo General del Poder Judicial sostiene por unanimidad que no hay marco legal que sustente la huelga del 1, 2 y 3 de julio contra las reformas judiciales del Gobierno. Entiende que, aunque este derecho está recogido en la Constitución Española, no hay regulación al respecto para el caso de estos profesionales, al igual que ya pasó en 2009, por conformar uno de los tres poderes del Estado. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, señala que el órgano "no ha dicho nada nuevo" y que irán a la huelga "precisamente porque tenemos en cuenta lo que nos dice el CGPJ". "Como no tenemos expresamente reconocido el derecho, no hay un artículo que diga: "Los jueces no tienen derecho a la huelga", dice que no tenemos derecho a la huelga. Es tan excéntrico que causa risa", sostiene.
El sábado se van a concentrar frente al Tribunal Supremo. Recalca Del Barco que la huelga no es "contra el Gobierno" sino a favor del "Estado de Derecho y la independencia de los jueces". "Las asociaciones convocantes hemos reiterado que esto no es un acto partidista, ni es una reivindicación ni de izquierdas ni de derechas, ni contra el Ejecutivo ni contra el Legislativo", defiende. Todas las asociaciones, salvo las progresistas, están a favor de la misma, a pesar de que, dice, estas "tampoco están de acuerdo en puntos esenciales coincidentes con los mismos con los que no estamos de acuerdo el resto de las asociaciones profesionales". Aunque señala que ese 'no' solo representa a un 6% de toda la carrera judicial.
Todas y todos podemos convertirnos en víctimas de las ciberestafas emocionales o violencia digital. Esta semana en Al margen de la ley conversamos con Blanca Frías, presidenta de la Asociación ANCEME, la primera asociación para víctimas de estafas con manipulación emocional en España. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
La llamada 'Ley Bolaños' ha provocado que este miércoles, en distintos puntos de nuestro país, cinco asociaciones de jueces y fiscales hayan salido a las calles para denunciar las presiones a las que se enfrentan en su profesión y reclamar la independencia judicial. En el informativo de '24 Horas de RNE', hablamos sobre este revuelo con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).
Vigil considera que el señalamiento de jueces por críticas a autos, como en el caso de Ángel Hurtado, es "absolutamente prescindible y hace un flaco favor a la ciudadanía". Por ello, añade: "Debería hacerse pedagogía por parte de todos los poderes del Estado para explicar que el normal funcionamiento de la justicia es un beneficio para todos"
En estos momentos, según detalla el representante de la AJFV, "existen mecanismos disciplinarios contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial", que prevén "la posible imposición de sanciones por faltas de diversas categorías, según el tipo de infracción en que se pudiera haber incurrido". Sobre esta cuestión, Ortiz Vigil apunta además que el Código Penal contempla mecanismos que podrían "castigar a un juez que hubiera llegado a cometer un delito", y añade que "estos mecanismos constituyen una garantía para el ciudadano de que quien pudiera haber perpetrado algún tipo de infracción de esa naturaleza sería convenientemente castigado".
Por último, Luis Ortiz Vigil valora cuál es la situación actual en el acceso a la carrera judicial: "Creemos que se pone en serio riesgo el Estado de Derecho con esa rebaja de la excelencia" y por eso reclaman "un procedimiento sosegado, tranquilo y ordinario, en el que se hable con rigor y técnica sobre cómo debe ser el acceso a la carrera judicial, y que nos lleve hacia una justicia moderna".
Asociaciones de jueces y fiscales han pedido al Gobierno la "retirada inmediata" de la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, consideran, "amenaza" su "independencia", y han amagado con convocar una huelga.
Por su parte, la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha hecho un llamamiento a autoridades y particulares para "recuperar el respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial", un lugar en el que no caben las "presiones intolerables" o los insultos. "Cada vez que se pone en cuestión la capacidad de un juez para conocer de un determinado asunto, se está afectando la capacidad funcional del Poder Judicial y, en definitiva, se está afectando el Estado de Derecho", ha sentenciado.
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Asociaciones de jueces y fiscales han pedido al Gobierno la "retirada inmediata" de la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, consideran, "amenaza" su "independencia", y han amagado con convocar una huelga.
Fátima Beardo, de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha lamentado que "la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".
"Se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y por ello con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país", ha asegurado María Rubio, de la Asociación Francisco de Vitoria, quien ha explicado que se está metiendo "la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces".
"Incrementará aún más, si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción", ha denunciado Ángel Perico, de la Asociación de Fiscales.
Por su parte, Carmen Cano, del Foro Judicial Independiente, ha pedido "la retirada de ambos proyectos y para el caso de que no sea así no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga.".
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Nos vamos al concejo de Boal (occidente de Asturias) para conocer la pelea de un grupo de vecinos que reclaman a las administraciones la clasificación y propiedad de los montes vecinales en mano común. Charlamos con Javier Pérez, abogado del despacho Calixto Escariz que asesora a la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común; Miguel Ángel y María José, quienes cuentan con documentación familiar en la aldea de Fontescavadas e investigan sobre la antigüedad de estos montes en el Archivo Histórico Nacional; José Suárez, antiguo concejal de Boal que ya en la década de 1980 impulsó la recuperación de la gestión de estas tierras; y Carmen Molejón, miembro de la Plataforma Xente de Oscos-Eo, la cual defiende esta comarca reserva de la biosfera de la implantación de macroeólicos.
Programa 38. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos cuenta que 'Nanysex', el mayor pederasta español y violador de bebés, ha salido de prisión tras cumplir el máximo de 20 años de la condena que se le impuso. Nos vamos al concejo de Boal (Asturias) para conocer la pelea de un grupo de vecinos que reclaman a las administraciones la clasificación y propiedad de los montes vecinales en mano común. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual nos explica en qué consiste la práctica del canibalismo y analiza el caso de Issei Sagawa. Neus Sala dedica su Archivo criminal, en colaboración con el Archivo RNE, al tercer y último capítulo de la fuga de los 45 de la Modelo (1978).
¿Por qué un grupo de vecinos pelearía contra las administraciones por el monte? Esta semana en Al margen de la ley viajamos hasta el concejo de Boal, en el occidente de Asturias, para conocer una reclamación histórica sobre la propiedad de los montes vecinales en mano común. Escúchalo este sábado a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
Patricia Ramírez responde a la invitación de Al margen de la ley para contarnos lo que considera oportuno sobre la últimas noticias relativas a Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo Gabriel Cruz. Patricia nos habla de la importancia del Estatuto de la víctima del delito, la necesidad de proteger a estas de los contenidos no respetuosos, nos informa de que se ha personado como acusación popular en la investigación sobre los privilegios de Quezada en la cárcel y recuerda el espíritu de la Operación Nemo como el mejor homenaje a la memoria de Gabriel.
Es posible que los avatares de la justicia nunca hayan condicionado tanto la vida política española como en los últimos años. Para hablar de esta situación y los problemas que ha podido generar para el teórico sistema de división de poderes en el que vivimos, contamos con el magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez (Palencia, 1943), invitado a participar en estas Conversaciones con José María Brunet por su experiencia en el foro y por sus publicaciones. Se trata de un jurista que conoce la técnica y la ciencia, en especial en materia de derecho penal, pero que a ello une las lecciones recibidas de la experiencia personal y del análisis social. Con Perfecto Andrés Ibáñez queremos buscar respuestas. Por ejemplo, sobre los antídotos con que afrontar el problema de la politización de la justicia, sobre la existencia y hasta qué punto, de casos de lawfare –es decir de instrumentalización de los tribunales- en nuestro país. También hablaremos sobre el concepto de presunción de inocencia y su valor constitucional, sobre la lucha contra la corrupción y sobre cómo es y debería ser la formación de los jueces para que lleguen a serlo en las mejores condiciones, para sí mismos y para los ciudadanos a los que aplicarán las leyes y sus soluciones.
Conversamos con la jueza de instrucción Ana López-Suevos, magistrada gallega creadora de un protocolo pionero para los delitos sexuales, sobre el tratamiento de las víctimas, las características de este tipo de agresiones y la cobertura que les otorgan los medios de comuniación.
