Un fiscal que expone errores en la justicia. Esta semana en Al margen de la ley conversamos con el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana, que nos presenta su libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets). Escúchalo el sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
El juez y exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, critica en 'Las Mañanas de RNE" el juicio y la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y cree que se ha roto la imagen de imparcialidad por la participación de parte de los magistrados que le juzgaron en un acto organizado por una de las partes acusadoras, el Colegio de Abogados de Madrid: "Resulta que en medio de la deliberación te colocas con una de las partes acusadoras[...]hay que tener una apariencia de imparcialidad y aquí se ha roto, es una imprudencia grave".
Para Garzón, la participación de los jueces del Supremo en el acto le genera "una mala vibra" y lo califica de "temeridad". El acto fue el 18 de noviembre, 4 días después de que finalizará el judicio y la condena se conoció dos días después. Uno de los magistrados hace referencia a que "se va a poner con la sentencia" lo que para Garzón ya deja entrever que hay un "cambio de ponente" y que eso es un "quebrantamiento del secreto de las deliberaciones".
Garzón cuestiona que se haya conocido la condena antes de saber los fundamentos jurídicos y cree que algo así solo tiene sentido en el caso de que sea una condena absolutoria y la persona esté "privada de libertad" o si va a ser condenatoria y "hay riesgo de que huya de la justicia".
El juez también pone el foco en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Les acusa de "creerse que están por encima del bien y del mal" y apunta a que hay que garantizar la rendición de cuentas, también entre los jueces. Para Garzón en España "se vulneran los derechos humanos" pero también apunta a que existen mecanismos para contrarrestar esta situación y uno de ellos es la Fiscalía. En este sentido también denuncia que en algunos casos se "instrumentaliza" el derecho con fines políticos, una situación que no pasaría, dice, si los poderes del estado "ejercieran de contrapesos entre ellos".
Sobre la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, Garzón cree que es una buena "elección" porqué responde al criterio de "experiencia" y es una persona con un currículum y mérito acreditado.
Este pasado jueves saltaba la noticia de que el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que implicaría una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos relacionados con la filtración de un correo electrónico en el que se detallaban dos delitos fiscales del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. En 24 Horas de RNE hemos querido conocer la valoración de la sentencia con Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
El portavoz de la APM ha apuntado que este procedimiento "demuestra la normalidad democrática e institucional de la justicia en España" y ha subrayado que hay que dejar trabajar a esta institución. Por ello, insiste en que es necesario "evitar cualquier tipo de etiqueta y politización". Mariscal de Gante ha asegurado que, una vez que se lean la sentencia y los votos particulares que probablemente se desarrollen, "veremos los argumentos que se emplean en cada caso y, como siempre, toda la fundamentación que se ha seguido".
Programa 63. Xurxo Melchor, periodista de La Voz de Galicia especializado en sucesos y tribunales, nos habla del prófugo Martiño Ramos, profesor pederasta que violó a una alumna en Ourense, condenado en firme a 13 años de cárcel en julio y que ha huido. Conversamos con Abel González, vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, director del Departamento de Criminología de la UDIMA y doctor en Criminología por la Universidad de Barcelona, sobre la tasa de criminalidad. La socióloga y criminóloga Victoria Pascual analiza la relación entre rehabilitación penitenciaria, reinserción y reincidencia. Neus Sala y el Archivo Digital de RNE dedican Archivo criminal al segundo capítulo sobre el asesino Joaquín Ferrándiz.
Conversamos con María Bestar, directora del largometraje documental independiente No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria que llega a las salas el 13 de noviembre. Se trata de una denuncia, con testimonios recogidos en toda España, de una realidad silenciada: la violencia vicaria y el calvario al que se enfrentan las víctimas dentro de un sistema que, lejos de proteger, muchas veces revictimiza. Y el olvido al que están condenadas las niñas y niños.
¿Funciona la justicia española en los casos de violencia vicaria? Lo analizamos esta semana en Al margen de la ley con María Bestar, directora del documental independiente No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria. Escúchalo este sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
La Fiscalía General del Estado niega la desprotección de las víctimas durante las incidencias registradas el año pasado en la descarga de los datos de pulseras de control telemático de maltratadores. Durante un tiempo las pulseras que llevan los maltratadores no transmitieron información a los dispositivos que tienen las víctimas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que hubo un problema de encriptación de datos durante el cambio del contrato de Telefónica a Vodafone, pero niega que el Poder Judicial avisara del riesgo y que ese problema provocara excarcelaciones de agresores. Redondo insiste en que han sido fallos técnicos temporales y que las pulseras salvan vidas. El PP exige la reprobación de la ministra y hablan de gestión "negligente" e "incompetencia".
En la apertura del año judicial todo ha ido según lo previsto. En el acto, y en presencia del jefe del Estado, no ha habido ni desplantes ni salidas de tono. Por debajo estaba toda la tensión acumulada que ha cristalizado en dos discursos. El fiscal general del Estado ha ido directo a su situación procesal que lo coloca muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.
Otro detalle que también se ha mirado con lupa son los aplausos. No es habitual que los asistentes, jueces del Supremo en su mayoría, aplaudan en este acto. El año pasado sí ocurrió y este año también, aunque tras el discurso del fiscal general no han sido unánimes.
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El acto de apertura del año judicial se ha celebrado con normalidad. A pesar del amago de jueces y fiscales conservadores, finalmente solo Alberto Núñez Feijóo ha plantado al fiscal general del Estado. El líder del PP ha estado en un acto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y allí ha justificado su ausencia porque considera la presencia de Álvaro García Ortiz como una anomalía. El Gobierno ve en la ausencia de Feijóo una falta del respeto al rey y las instituciones.
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La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha defendido a los jueces de manera contundente. "Resultan inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de los poderes públicos", ha dicho durante la apertura del curso judicial.
En una semana en la que el choque entre el PP y el Ejecutivo se ha elevado a la máxima expresión tras las palabras del presidente del Gobierno, que afirmó que había jueces "haciendo política", Perelló le replica: "Son impropias de un Estado de derecho en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino el principio de respeto mutuo".
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Hoy se celebra la apertura del Año Judicial con un acto solemne en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y será presidido por Felipe VI. Según el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, y del fiscal general del Estado. Pero este año viene marcado por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está a un paso de sentarse en el banquillo. En Las mañanas de RNE, conversamos con Argelia Queralt y Carlos Orga Larres, vocales del Consejo General del Poder Judicial. Entrevista completa en RNE Audio.
Queralt es una de las nueve vocales del CGPJ que firman un comunicado apelando a la "normalidad institucional" y a la "lealtad constitucional": "En la situación actual hay que intentar que todo el mundo se resitúe en el ámbito de poder, de competencias, que le toca y que todos los implicados actuemos en el seno de las instituciones a las que pertenecemos. La crítica en democracia es legítima y necesaria pero creo que las personas que estamos en cargos de responsabilidad pública y política tenemos que anteponer la lealtad institucional, cumplir con nuestras obligaciones y dar a la ciudadanía la impresión de que hay un funcionamiento normalizado de las distintas instituciones". La magistrada considera que el fiscal general de Estado debería estar en el acto, ante el comunicado del llamado "sector conservador" que pedía que García Ortiz no acudiera: "El fiscal general del Estado está en un proceso, pero primero debe prevalecer la presunción de inocencia y la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al fiscal general a participar en el acto", añade Queralt.
Orga, también vocal del CGPJ, por su parte está entre los diez vocales que exigen formalmente a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, la inconveniencia de intervenir del fiscal general: "Desde la situación de disgusto que nos produce. Hoy el acto más importante del año judicial que se ve enturbiado, deslucido, desviado de lo importante. En lo que se focaliza la atención informativa es en la situación procesal personal del fiscal general del Estado", lamenta el magistrado. "Tenemos la responsabilidad institucional y constitucional de defender la independencia del poder judicial. No solo se ve ataca por manifestaciones frontales cuestionando la independencia o imparcialidad de los jueces sino también por aquellas actuaciones que pueden socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Consideramos que la presencia de un fiscal general del Estado en la situación procesal en la que se encuentra, es susceptible de caer en la deslegitimación".
Nunca un nuevo curso judicial despertó tanta intriga por quién va, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por el Tribunal Supremo por la presunta revelación de los secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero también viene marcado por la polémica suscitada por las declaraciones en TVE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que "hay jueces haciendo política".
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo no va, porque va García Ortiz. Tres asociaciones de jueces y fiscales ven una falta de respeto en que hable ante el rey. Y la mitad conservadora del Poder Judicial ha pedido a su presidenta que impida al fiscal general estar en el salón de plenos del Supremo.
FOTO: El fiscal general del Estado Álvaro García, el rey Felipe, y la presidenta del CGPJ Isabel Perelló, en el acto de apertura del Año Judicial de 2024. EFE/ J.J. Guillén POOL
Hoy comienza la apertura del nuevo Año Judicial marcado por el procesamiento del Fiscal General Procesado, las críticas del Gobierno a los jueces y la ausencia del líder de los populares, Núñez- Feijóo. Vicente González, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, y fiscal de la Audiencia Nacional, sobre si el FGE debe ir o no a este acto inaugural ha explicado en 'Las Mañanas de RNE': "Bueno, la Fiscalía tiene que estar representada. Este es un acto muy importante donde se presenta la Memoria anual del trabajo de la fiscalía, es decir, del trabajo que hacemos todos los fiscales".
González especifica que "quien debe representar las reglas es el Fiscal General del Estado", pero dadas las circunstancias de que el Fiscal General está siendo investigado por el Tribunal Supremo, en APIF señalan: "Es aconsejable que cualquier fiscal nombrado por él pues pueda hacer la presentación del libro y nuestra asociación entiende que el Fiscal General del Estado por delante de todo es fiscal y, por tanto, debe transmitir el respeto a las resoluciones judiciales. No puede actuar como si el Tribunal Supremo hubiera archivado la causa o no lo hubiera admitido". Desde APIF creen que "ese acto tan importante debería delegarlo en otro fiscal". Entrevista completa en RNE Audio.
