El Consejo de Ministros aprobó el viernes que el ICO ofrezca créditos a los ayuntamientos para reducir su morosidad. El dinero, 3.400 millones de euros, servirá para pagar las facturas que los consistorios deben a empresas de menos de 250 trabajadores. La medida no gusta a todos los alcaldes. Xavier Trías, alcalde de Barcelona, ha dicho que lo que necesitan "no son parches, es un nuevo sistema de financiación local". Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar (Almería), asegura que "es pan para hoy y hambre para mañana".
Los créditos los ofrecerá directamente el ICO hasta un máximo del 25% del importe anual que cada municipio recibe del Estado. Una medida que aplauden autónomos y pymes, aunque con cautela. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, subraya que no sabe "si va a haber discrecionalidad, se va a tratar a todo el mundo por igual o se va a beneficiar a unos sobre otros". Ellos piden que se dé prioridad a las facturas más antiguas y a las más pequeñas, de menos de 100.000 euros, para evitar que una sola empresa se lleve todo el crédito.
Los ayuntamientos tendrán tres años para devolver el dinero: de no hacerlo se les descontará de lo que el Estado les anticipa para hacer frente a sus pagos. Autónomos y empresas calculan que las administraciones públicas les deben cerca de 30.000 millones de euros. De ellos, casi el 80% son deudas de los consistorios.
La vicepresidenta económica intentará que las comunidades autonomas asuman también esa exigencia en el próximo consejo de política fiscal.
Sus ayuntamientos no pudieron constituirse hace dos semanas porque se recurrió el recuento electoral. En Barcelona i Girona, Convergència i Unio ha roto con 32 años de hegemonía socialista, y en Santiago también hay traspaso, pero al Partido Popular.
El Partido Popular se muestra crítico con la medidas para limitar el gasto porque no afecta a las Comunidades. Dicen los populares que no genera disciplina y que sólo resultaría útil en momentos de crecimiento económico.
Justo un mes después de las elecciones municipales el alcalde socialista de Lora del Río, en Sevilla, ha colgado el cartel de cerrado hasta septiembre. Dice que como no están conformadas las áreas municipales no se puede hacer nada. La oposición, PP e IU, han mostrado su indignación.
Los concejales amenazados por ETA de Andoain se niegan a entrar al ayuntamiento sin sus escoltas, como ha ordenado la nueva alcaldesa de Bildu. El edil socialista Estanis Amutxas-tegi ha acudido esta mañana a su despacho con su protección, y lo mismo van a hacer el resto de concejales, 4 del PSE y 1 del PP. Amutxas-tegi asegura que no le ha sorprendido la prohibición de la alcaldesa, pero que no va a entrar en ningún edificio institucional sin protección. Dice que si la dirigente de Bildu no quiere escoltas en el ayuntamiento, tendrá que echarlos.
En el principal ayuntamiento que gobierna Bildu, el de San Sebastián, el alcalde no ha desvelado si aplicará esa medida, pero tampoco lo ha descartado. Así respondía esta mañana a la pregunta de si impedirá la entrada de escoltas al ayuntamiento.
