Es una ejecución calificada de “escandalosa” por organizaciones de derechos humanos. También la ONU pidió detenerla por dudas sobre las garantías del proceso judicial. “Mi tío es un hombre muy bueno. No tenía educación ni dinero, pero siempre trabajó duro para cuidarnos. Ahorcarle es asesinar a un hombre inocente”, dijo la sobrina de Tangaraju Suppiah.
“Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno singapurense ha mostrado no tener piedad”, ha denunciado Leela Suppiah, hermana del ejecutado.
Lo condenaron en el año 2018 “ser cómplice en una conspiración para traficar” con un kilo de marihuana de Malasia a Singapur cinco años antes. Su ejecución es la primera en lo que va de año, después de que en 2022 Singapur batiera récords ahorcando en pocos meses a once presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual cuya sentencia también suscitó las críticas de la comunidad internacional.
Singapur, que es el centro financiero de la región, lleva a gala su mano dura contra el narcotráfico y otros delitos en procesos criticados por grupos de derechos humanos por su opacidad y primitivismo, con latigazos y la horca entre sus métodos punitivos. “Nuestro enfoque nos ha funcionado, y continuaremos marcando nuestro camino de acuerdo con lo que responde a los mejores intereses de los singapurenses”, añade el comunicado de ayer de Interiores, emitido en respuesta a críticas previas del multimillonario británico Richard Branson por el caso de Tangaraju.
“El uso continuo de Singapur de la pena de muerte por posesión de drogas es un ultraje a los derechos humanos que hace que gran parte del mundo retroceda y se pregunte si la imagen del Singapur moderno y civilizado es solo un espejismo”, afirma Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.
