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Documentos TV - Menores y guardianes

Documentos TV. " Menores y guardianes"

  • En España, mil menores viven en régimen cerrado en centros de reforma

  • Crecen alarmantemente las denuncias por abusos y malos tratos

  • Familiares  e instituciones se quejan de los efectos de la la Ley del Menor

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En 2004 Phillip García, de 16 años, aparece muerto en un centro de menores de Tenerife. Cinco años después, la justicia imputó por torturas y amenazas a varios trabajadores del centro. La historia de este joven no es la única que aparece en este documental, que comienza preguntándose por los delitos y castigos de aquellos que aún no han cumplido dieciocho años.

Los crímenes más terribles, protagonizados por menores suelen ocupar portadas, debates y generar viscerales condenas sociales. Sin embargo, el delito más común es el robo y en estos últimos años ha aumentado alarmantemente hasta un 20%, el maltrato de los hijos a sus propios padres.
Existen dos tipos de centros para menores: los de reforma, donde van los que han cometido un delito a partir de los catorce años y los de protección, en los que viven los niños sin familia o los tutelados por la Administración.

¿Qué separa a un niño peligroso de un menor en peligro?

Documentos Tv ha entrado en los centros de medidas judiciales y ha hablado con los menores que cumplen penas de internamiento. Fiscales, comunidades autónomas, jueces, educadores y familias, nos han relatado algunos de los aspectos más desconocidos de la justicia juvenil en España.

"Menores y guardianes" no solo relata los delitos que comenten los jóvenes y su tratamiento, sino que es la crónica del recorrido, que separa a un niño peligroso de un menor en peligro.

Desde 2001, y a diferencia de las cárceles para adultos, las diferentes Administraciones han otorgado la gestión de estos centros a entidades privadas, sin ánimo de lucro, cuyos presupuestos manejan decenas de millones de euros.

Pero no es la única crítica que reciben estos centros. "Menores y guardianes" recoge las denuncias de familiares, educadores e instituciones por abusos, malos tratos y aislamiento. Así lo constataron sendos informes que en 2009, el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional emitieron y que la justicia está investigando, actualmente en toda España.

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