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La Abogacía del Estado pide imputar a activistas heridos el 1-O por integrar una "masa tumultuaria"

  • Ayuntamiento de Barceloa y Fiscalía se oponen a la imputación
  • La Fiscalía denuncia solo a seis alcaldes por la organización del referéndum del 1-O

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El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres. EFE/Quique García

La Abogacía del Estado ha pedido que se impute a activistas heridos el 1-O al considerar que integraron una "masa tumultuaria" para impedir la retirada de urnas y ha advertido de que solo quedarían eximidos si acreditan que la Generalitat les "engañó" para que creyeran que ejercían su derecho a voto.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Abogacía del Estado se suma al recurso interpuesto ante la Audiencia de Barcelona por el Sindicato Profesional de la Policía y solicita que ordene al juez del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona que investiga las cargas del 1-O que impute a unos cuarenta votantes que denunciaron haber sufrido lesiones.

El juez acordó el pasado 5 de febrero desestimar la imputación de estos heridos, alegando que la justicia no había prohibido a los ciudadanos acudir a los puntos de votación y que atribuirles un delito de resistencia supondría "trasladarles las responsabilidades del fracaso de las instituciones públicas en este tema".

Por el contrario, la Abogacía del Estado considera que las personas que se integraron en la "masa tumultuaria" en la Escola Prosperitat de Barcelona para impedir la actuación de la Policía Nacional no se limitaron a una resistencia pasiva, sino que podrían haber cometido los delitos de resistencia, desobediencia grave, intimidación, desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular en la causa, han pedido a la Audiencia que no impute a los activistas, ya que consideran que el hecho de que denunciaran a la Policía por las lesiones sufridas no acredita que cometieran un delito de resistencia o desobediencia grave.

El teniente de alcalde, Jaume Asens, ha pedido al Gobierno central que deje de "torpedear" la investigación del juez de Barcelona y ha asegurado que "las víctimas del 1-O merecen justicia y reparación, no persecución".

Inducidos a error por la Generalitat

Para la Abogacía del Estado, hubo una "irresponsable" actuación de los poderes públicos autonómicos y otras instituciones que, "de forma concertada y con reparto de funciones delictiva, incumplieron la Constitución y el Estatuto e invitaron a las masas a la actuación tumultuaria para conseguir sus fines de ruptura constitucional".

Si alguno de los votantes alega que creía tener derecho a obstaculizar la actuación policial, para ser eximido tendría que acreditar que la invitación de los poderes públicos autonómicos a defender su derecho al voto "no sólo le espoleó al incumplimiento de las leyes, sino que además le hizo incurrir en error invencible sobre la ilicitud del hecho delictivo", subraya el escrito.

Media docena de alcaldes denunciados por organizar la consulta

Por otra parte, la investigación que la Fiscalía abrió a más de 70 alcaldes catalanes en vísperas del referéndum se ha acabado limitando a media docena de denuncias contra ediles que tuvieron una "participación activa" en la organización de la consulta, más allá de la mera "adhesión política".

Así lo ha explicado este jueves el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en la comisión de Justicia del Parlament, donde ha expuesto la memoria de la institución correspondiente a 2017, en una comparecencia en la que ha soportado una lluvia de reproches de los grupos independentistas por el papel del Ministerio Público en la ofensiva jurídica contra el procés.

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