Cepyme propone adelantar la implantación de la nueva edad de jubilación

• Díaz Terán cree que algunas prestaciones no se deben financiar con cotizaciones
• Cepyme propone subir las bases de cotización de los autónomos para converger
• El Pacto de Toledo sigue recabando aportaciones de agentes sociales

Imagen de archivo de Díaz de Terán

La directora de relaciones laborales de la patronal de las pymes Cepyme, Teresa Díaz de Terán, ha pedido este lunes que se adelante en el tiempo la implantación total de la reforma de las pensiones de 2011, que suponía ampliar la edad de jubilación progresivamente de forma que llegará a los 67 años en el año 2027.

Durante su intervención ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Díaz de Terán ha propuesto profundizar en dicha reforma que, a su juicio, tiene un periodo de implantación amplio, así como evaluar el impacto económico que tendría acortar dicho periodo de tiempo.

La reforma de 2011 ampliaba desde los 35 hasta los 38 años y 6 meses los años de cotización necesarios para acceder a la jubilación a los 65 años y lo hacía de manera progresiva (3 meses por año), así como el paso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años desde 2013 hasta 2027 (1 mes por año hasta 2018 y 2 meses en adelante).

Asimismo, establecía una ampliación del cómputo para calcular la base reguladora de la pensión, de 15 a 25 años (a 1 año más desde 2013 a 2022).

Separar las bases de cotización

Asimismo, Díaz de Terán ha propuesto separar las bases de cotización, de manera que la Seguridad Social deje de financiar las tarifas planas y las reducciones de cuotas sociales, así como las de los regímenes especiales agrario y de empleadas del hogar.

Entre las distintas "patas a tocar", ha abogado por ampliar las bases medias de cotización del régimen especial de trabajador autónomo (RETA) al mismo ritmo que las del régimen general, ya que ambos "han de converger tanto en derechos como en contribuciones".

Ha apostado también por la revisión de algunas prestaciones, cuya financiación han de pasar al Estado, como las pensiones de viudedad, así como el complemento a la natalidad de las pensiones de jubilación incluido dentro de un plan integral a la familia, que ha sido sufragado con cotizaciones sociales.