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Quinta sesión del juicio por las tarjetas opacas de Caja Madrid

Rodríguez Ponga dice que su tarjeta de Caja Madrid era una remuneración que no debía justificar

  • El exsecretario de Estado consultaba el saldo para poder agotarlo cada año

  • Navasqües ve "injusto" que los 65 acusados sean "objeto de escarnio público"

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El exconsejero de Caja Madrid y exsecretario de Estado Estanislao Rodríguez Ponga ha dicho que en el juicio sobre las tarjetas opacas que su tarjeta era una "remuneración en concepto de gastos de representación", que como tal no era necesario justificar y que dependía enteramente de la Presidencia.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el encausado ha indicado que en ningún momento tuvo que justificar los gastos efectuados porque, de acuerdo con la ley que rige el IRPF, este tipo de "remuneraciones en concepto de gastos de representación" no es preciso detallarla, máxime cuando la tarjeta tenia un límite máximo anual (25.000 euros) que no se podía sobrepasar.

En caso de superarlo, ha aclarado, ya no era Caja Madrid la que se hacía cargo de esa diferencia, sino el beneficiario de la tarjeta, con la que en total gastó 255.400 euros.

Sobre este límite, ha explicado que era "la forma de movilizar esta remuneración" y ha reconocido que "en algún momento" pidió subirlo, aunque "siempre dentro del máximo anual" de los 25.000 euros. "Siempre a fin de año solicitaba información de cuánto me quedaba para agotarlo, ya que si no lo gastaba lo perdía", ha relatado a la sala, tras exponer que cuando llegó al consejo, asumió que el sistema de las tarjetas, en marcha desde hacía 18 años, "funcionaba así" y que "lo único que se podía conocer era el saldo, no los movimientos".

Además ha señalado que una vez al año recibía el correspondiente certificado de retenciones del IRPF, que comprendía su remuneración total sin desglosar y que coincidía con los datos facilitados por Hacienda.

Rodríguez Ponga niega la validez del excel de Bankia

Rodríguez Ponga ha negado la validez a las hojas de excel que Bankia ha entregado al tribunal detallando los gastos efectuados por él y por el resto de acusados, ya que considera que se trata de un documento sin certificar, sin membrete y que no ofrece garantías de veracidad.

Por eso, no reconoce los gastos que se le imputan, aunque eso no significa, ha dicho, que no los haya efectuado: sencillamente, no puede reconocer unos cargos que no van respaldados por los extractos correspondientes, extractos que obran en poder de Caja Madrid, como titular de la tarjeta, pero que no estaban disponibles para los beneficiarios como él.

Pero la tarjeta "fue siempre de Caja Madrid, nunca de Bankia, y ahora es Bankia la que saca un excel relativo a otra entidad financiera" que no le ofrece fiabilidad. Por eso, envió un burofax a Bankia y a Caja Madrid para advertir de que no reconocía el listado, siempre de acuerdo con la ley de servicios de pago, que dice que "si un cliente no reconoce una operación, es la entidad la que debe probar su existencia".

También ha explicado que en ningún momento se recibió en la asesoría fiscal de la caja mientras el fue su director, consulta alguna sobre estas tarjetas, su uso y su tratamiento.

Romero dice que era de "libre disposición"

El exconsejero de Caja Madrid Antonio Romero hizo cargos a su visa los fines de semana porque la actividad que desarrollaban en la entidad no se circunscribía únicamente de lunes a viernes. El también exvicesecretario de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), que dispuso de 252.009 euros según Bankia, ha aclarado que la tarjeta tenía "cierta libre disposición", aunque había un límite de gasto.

Ha reconocido ante el tribunal que usó la tarjeta opaca dos meses después de dejar Caja Madrid "hasta agotar el saldo" tal y como le dijeron, si bien acabó destruyéndola por orden de Jesús Rodrigo, sustituto de Enrique de la Torre al frente de la secretaría del Consejo de Administración.

Sobre la fiscalidad de este medio de pago, Romero ha dicho que "inicialmente" le sorprendió no tener que justificar estos gastos, pero que después le dijeron que no se preocupara porque "fiscalmente todo está justificado'".

Romero, para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa de 81.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida, ha añadido que su tarjeta fue clonada en una ocasión, motivo por el cual se le acabó bloqueando y entregando una nueva.

Romero de Tejada defiende que "no ha cometido actividad ilícita"

El exconsejero de Caja Madrid y exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada ha defendido la legalidad de las tarjetas y se ha mostrado convencido de que en 18 años no ha cometido actividad ilícita por el uso de las visas.

Romero de Tejada ha respondido que, desde que se le entregó la tarjeta por parte de la secretaría general del Consejo de Administración, no tuvo "la más mínima duda" de que era una retribución. Por ello, y "por pura prudencia", decidió guardar todos los extractos de las compras efectuadas con su tarjeta y que ascienden a 212.216 euros.

El que fuera alcalde de Majadahonda entre 1989 y 2001 ha asegurado que los gastos que hizo son "adecuados" y no están fuera del marco legal, motivo por el que nunca le llamaron la atención desde la entidad financiera. Además se ha referido a una entrevista en un periódico de tirada nacional en 1999 en la que habló abiertamente de las tarjetas y de que los directivos y altos cargos podían hacer uso de a misma sin necesidad de justificar los gastos.

Navasqüés dice que es "injusto" que los juzgados sean "objeto de escarnio público"

Otro de los acusados que han declarado ha sido Ignacio de Navasqüés, quien ha negado que los usuarios de las tarjetas fuesen "comprados por Blesa" y ha calificado de "verdaderamente injusto" que los 65 ex altos cargos y directivos juzgados sean "objeto de escarnio público" en base a un informe que Bankia remitió a la Fiscalía Anticorrupción y que califica de "lamentable".

"Si lo que se quiere es decir que actuábamos ilegal e ilegítimamente, entiendo el informe de auditoría porque se rebuscó en toda la caja a ver qué se podía encontrar en contra de los directores", ha dicho el acusado ante el tribunal al que ha confesado que, si fuera letrado de la acusación particular, nunca hubiera hecho uso de ese documento.

A preguntas de su defensa, Navasqües ha asegurado también que los encausados, a los que se les imputa delitos continuado de apropiación indebida y administración desleal, han sido "vilipendiados" por los medios de comunicación.

Navasqüés también ha afeado al fiscal Alejandro Luzón que durante los interrogatorios se haya referido a estas tarjetas como "las black" ya que eran "públicas y conocidas como ha quedado claro durante el proceso". En este sentido, ha incidido en que cuanto recibió su tarjeta de manos del que fuera secretario de la caja Enrique de la Torre, "la di de alta en la oficina electrónica", razón por la que ha dicho sentirse "sorprendido" por las noticias sobre su opacidad.

Norniella: "Estaba dentro de la legalidad absoluta"

Por su parte, el exconsejero de Caja Madrid y Bankia José Manuel Fernández Norniella, ha descartado que recibiera una tarjeta opaca para sortear el Real Decreto de 2012 que se limitaba el salario de los directivos de las entidades públicas en 600.000 euros. Norniella ha dicho que la visa que recibió durante su etapa en Caja Madrid y posteriormente en Bankia "estaba dentro de la legalidad absoluta".

En este momento ha concretado que ambos plásticos eran "dos cosas totalmente diferentes". La de Bankia -que le entregó Ildefonso Sánchez Barcoj- era un "elemento de pago", algo que ya expuso este martes el expresidente de la entidad nacionalizada Rodrigo Rato, quien alegó que mientras las tarjetas de Caja Madrid eran entendidas como una retribución, las de Bankia estaban sujetas a su salario en la entidad.

Según ha recalcado Fernández Norniella, Sánchez Barcoj le dijo que era un elemento de pago para que pudiera tener más flexibilidad si necesitaba líquido -a raíz de la entrada en vigor del citado Real Decreto-, aunque ha dicho que en su "humilde opinión" la puesta en marcha de estas tarjetas no tienen nada que ver con el límite salarial al que se refirió Sánchez Barcoj.

La quinta sesión del juicio contra 65 exaltos cargos y consejeros de Caja Madrid y Bankia -que se enfrentan a penas que van de entre uno y seis años de cárcel por los gastos que efectuaron con las visas y que ascienden a 12,5 millones de euros en los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2012- ha finalizado con la declaración de Fernández Norniella.

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