Pedraz rechaza reabrir la investigación del presunto chivatazo denunciado por los Mossos
- Los Mossos denunciaron un soplo policial a una célula yihadista de Sabadell
- La Operación Caronte se saldó con la detención de once yihadistas
- La Generalitat respeta la decisión, el ministro del Interior pide dimisiones
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado reabrir las diligencias abiertas por el presunto chivatazo denunciado por los Mossos d'Esquadra, por el que la Policía Nacional habría avisado supuestamente de una operación policial a una célula yihadista desarticulada en Barcelona, al considerar que no perjudicó la investigación judicial ni puso en riesgo la integridad del agente de la policía autonómica infiltrado en el grupo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía haya solicitado no investigar el supuesto soplo policial, porque "no ha incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas".
También considera que el agente encubierto de los Mossos pudo desempeñar hasta el final sus funciones de investigación en el marco de la Operación Caronte, la cual ha concluido con "éxito, evitando la posible comisión de atentados terroristas".
En un escrito, presentado este jueves, la fiscal Blanca Rodríguez ha asegurado que "la investigación de los hechos no ha resultado perjudicada por la actuación de personas ajenas al procedimiento" y ha reclamado mantener el archivo de estas diligencias, tras la presentación por parte de los Mossos d'Esquadra de nuevas informaciones sobre un testigo protegido que habló de la confidencia.
Operación Caronte
"Se trata, en todo caso, de un testigo de referencia que relata en términos genéricos, lo que otras personas le comunicaron sin precisión de más datos adicionales que deban ser valorados y tenidos en cuenta para proceder a la reapertura de la causa", argumentó la fiscal.
En este sentido, la representante del Ministerio Público ha resaltado que de las diligencias ampliatorias presentadas por los Mossos "no se desprenden elementos nuevos diferentes a los que ya constaban en el procedimiento" y que "fueron valorados y tenidos en cuenta" para sobreseer esta pieza separada de la Operación Caronte, que fue abierta por posibles delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista.
La Operación Caronte de los Mossos d'Esquadra se saldó finalmente con la detención el pasado 8 de abril en Barcelona de once personas, entre ellas un menor, siete que quedaron en prisión provisional y tres que fueron puestas en libertad. Con anterioridad, fueron arrestadas el 15 de diciembre otras tres personas pertenecientes a la célula islamista, que habían iniciado el viaje a Siria y se encuentran en prisión provisional por orden del juez Pedraz.
Huida de tres yihadistas a Siria
El conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, insistió el pasado jueves en que dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía avisaron a la célula yihadista a través de un confidente de que estaba siendo controlada policialmente.
A su juicio, eso puso en peligro la investigación y la integridad de los Mossos que llevaban las pesquisas, hizo que los sospechosos modificaran su conducta y pudo precipitar la huida de tres yihadistas a Siria a través de Bulgaria, donde finalmente fueron arrestados.
Los Mossos d'Esquadra trasladaron sus sospechas al juez Pedraz, que abrió una pieza separada por "un presunto delito de revelación de secretos y encubrimiento y colaboración terrorista que habría sido cometido por miembros de la Policía Nacional".
El magistrado practicó diversas diligencias de investigación que incluyó la toma de declaración a testigos y a varios imputados. Finalmente, optó por archivar las diligencias el pasado 17 de febrero, tres meses después del presunto soplo y mes y medio antes de las detenciones, porque "no ha quedado debidamente justificada la perpetración de delito".
La Generalitat respeta la decisión
La consellería de Interior de la Generalitat ha asegurado que respeta la decisión de la Audiencia Nacional de mantener el archivo de la causa sobre el supuesto chivatazo de policías nacionales a una célula yihadista.
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de "acto de manifiesta mala fe" la petición de reabrir la denuncia y ha pedido dimisiones de los responsables de la Generalitat.
En respuesta a preguntas de los medios en Ávila, el ministro ha calificado lo sucedido de "episodio muy triste y muy lamentable" llevado a cabo por las autoridades políticas de la Generalitat, "impulsadas por Artur Mas, el conseller de Interior y los mandos políticos de los Mossos".
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