Luz verde a la ley que regula la financiación de los partidos y el estatuto del alto cargo

• Los nuevos controles a los partidos políticos pasan su examen en comisión
• Se consolida el recorte del 40% de las ayudas públicas a los partidos
• La ley del alto cargo sale adelante con los votos del PP, CiU y PNV
• Deja en dos años el tiempo mínimo de incompatibilidad de los cargos cesados

La ley del alto cargo sale adelante con el apoyo de CiU y PNV

La ley que regulará el control financiero de los partidos políticos y aumenta los mecanismos para prevenir la corrupción ha pasado este miércoles el examen de la Comisión Constitucional del Congreso gracias a los votos a favor de PP, CiU y el PNV y la abstención del PSOE, la Izquierda Plural y UPyD.

En la misma sesión, la Comisión Constitucional ha dado su visto bueno, también con el apoyo de PP, CiU y PNV pero en este caso con el voto en contra de socialistas e IU, al proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo, que ahora se remite al Senado.

Tras el debate en comisión, el proyecto de ley orgánica de control financiero de los partidos políticos será remitido al pleno del Congreso de la semana que viene para su aprobación después de intensas jornadas de trabajo en las que los grupos parlamentarios han negociado las nuevas medidas para prevenir la corrupción en el ámbito de los partidos políticos.

Recortes en ayudas y regulación de donaciones

La norma consolida el recorte del 40% de las ayudas públicas a los partidos que se ha practicado los últimos años y añade una reducción del 20% de las subvenciones para envíos de propaganda electoral, prohíbe las donaciones de empresas y fija en 50.000 euros la cantidad máxima que pueden recibir de una persona física.

"No podemos cambiar el pasado, pero si podemos legislar frente a determinados comportamientos para que no vuelvan a reproducirse", ha dicho el representante del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, sobre esta respuesta de los partidos a la desafección de la sociedad hacia la clase política.

A pesar de su abstención, el diputado del PSOE José Enrique Serrano ha puesto en valor las nuevas limitaciones a la financiación privada de los partidos como una respuesta a esa desafección por la corrupción política.

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, ha valorado el "buen trabajo" de los grupos políticos y, aunque no se ha opuesto al recorte de subvenciones, sí ha recordado que su grupo es partidario de una financiación "eminentemente pública".

El estatuto del alto cargo

Para la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración, el PP ha sumado el voto de CiU y PNV mientras que UPyD se ha abstenido y el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC han optado por votar en contra al considerar el texto insuficiente.

El Estatuto del Alto Cargo fija, entre otras cuestiones, los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.

“PSOE, Izquierda Plural y UPyD consideran que la regulación del alto cargo resulta insuficiente“

El PP acordó además con CiU y PNV dejar claro que la aplicación de todas estas medidas en el ámbito autonómico dependerá de lo que decidan los gobiernos de las comunidades, lo que ha facilitado el apoyo de las formaciones nacionalistas.

Pero el PSOE, Izquierda Plural y UPyD consideran que la redacción final resulta insuficiente y echan en falta asuntos como la ampliación del periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados (ahora son dos años), la prohibición de las 'puertas giratorias' -el hecho de que un alto cargo pase a la empresa privada cuando cesa en su puesto y obtenga beneficio de su puesto en la administración, produciendo además conflictos de intereses-, la independencia de los órganos de supervisión o la regulación de los grupos de presión (lobbies).

Cese del político afectado por corrupción

Además, la exigencia del cargo en caso de verse afectado por un caso de corrupción, otro de los puntos demandados por la oposición, ha quedado definitivamente relegado a la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende entregar al Congreso en febrero para que se apruebe antes del verano.

El PSOE propuso enmiendas para hacer efectivo el cese cuando el cargo público esté en curso en un juicio oral y se le imputen delitos un delito de corrupción, una mandato que quiere extender a diputados, senadores y alcaldes.

La Izquierda Plural, por su parte, era partidaria de adelantar el cese a la imputación de un delito, haya o no juicio oral.