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La juez Alaya toma declaración a los últimos seis detenidos de la trama Enredadera

La juez Alaya asegura que la empresa Fitonovo montó una red para conseguir contratos

  • Según el auto de prisión de uno de los detenidos en la Operación Enredadera

  • La empresa tenía una caja B de la que pagaba los regalos

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La juez Mercedes Alaya ha explicado en un auto de prisión de uno de los detenidos en la Operación Enredadera que la empresa Fitonovo centralizó una "red criminal jerarquizada" que concedió entre 1995 y 2013 dádivas en distintas administraciones públicas para lograr contratos.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las "dádivas constituían práctica habitual de la empresa" y se hacían "de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados", a los que incluso emitían recibos con cargo a la caja B de la compañía, con sede en Sevilla.

La juez atribuye esta práctica a "la consecución de contratos públicos" entre 1995 y 2013 en "múltiples áreas geográficas y administraciones públicas". "Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo", asegura la juez.

De la "extensa documentación incorporada a la causa, y más concretamente de los archivos documentales correspondientes a la caja B de Fitonovo S.L.", se desprenden los posibles delitos de cohecho que habría cometido el exgerente de Adif de Sevilla Antonio Rodríguez Jurado, al que la juez ha enviado a prisión por obtener 428.000 euros entre 2002 y 2011.

Caja B de Fitonovo

La juez también se refiere a los asientos contables de la empresa, a "sus continuas anotaciones manuscritas" y a "los recibos" de la caja B, de donde el exdirectivo habría retirado dinero o también a través de comerciales a su cargo.

Todo ello "con la expresa indicación del destinatario concreto al que iban dirigidas en concepto de soborno" esas cantidades, señala Alaya en su auto, en el que se refiere a las "facturas supuestamente falsas que nutrían la referida caja B utilizada especialmente para el abono de tales cohechos".

El informe de la Guardia Civil, que la juez califica de "exhaustivo, pormenorizado" y que desciende a "los mínimos detalles", permite relacionar las cantidades percibidas por los funcionarios públicos sobornados.

En el caso del exdirectivo de Adif, la juez considera que facilitaba beneficios a Fitonovo con la adjudicación o ejecución de contratos menores y señala que los indicios contra él son "extraordinariamente sólidos y consistentes".

La juez lo envió este miércoles por la noche a prisión eludible bajo fianza de 90.000 euros porque asegura que "existe riesgo de fuga", expresión que incluso subraya en el auto, porque debido a su "elevada posición" en Adif dispuso de "medios económicos importantes" y cobra, como prejubilado desde 2011, un sueldo de 5.000 euros al mes.

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