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La Interpol pide la detención de 20 imputados por la justicia argentina para extraditarlos por crímenes del franquismo

Interpol ordena detener a 20 imputados por crímenes franquistas, entre ellos dos exministros

  • Entre ellos, están los exministros Rodolfo Martín Villa y Utrera Molina

  • También figuran antiguos jueces y ex miembros de la Policía

  • La juez argentina María Servini ordenó su detención a finales de octubre

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Interpol ha ordenado a España la detención preventiva de las 20 personas imputadas por la juez María Servini de Cubría por crímenes del franquismo para su extradición a Argentina, entre las que se encuentran los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa. La sección argentina de Interpol ha cursado una comunicación "muy urgente" a su oficina en Madrid para que haga efectivos estos arrestos ordenados por la magistrada a finales del pasado mes de octubre.

Interpol Argentina solicita también a Madrid los datos de identificación de los acusados, como requisito "indispensable" previo a la emisión de una orden de "captura internacional en forma completa", para evitar "posibles confusiones por razones de homonimia", según el comunicado de Interpol Argentina enviado a la jueza de la causa.

Las órdenes de detención se han dictado a raíz del auto emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de Buenos Aires el pasado 30 de octubre, en el que solicitaba la detención de 20 acusados, según han explicado desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), personada en la causa.

Varios exministros, expolicías y antiguos jueces

El auto de la jueza, por el que Interpol cursa esta orden de detención, pedía la extradición de Martín Villaministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente cargos de responsabilidad en el régimen franquista, por responsabilidades en la muerte en Vitoria, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial.

A Utrera Molina, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento (1974-75), se le responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado con garrote vil en España (1974).

La juez también pedía en el auto la detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del Gobierno en 1975, por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de la banda terrorista ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).

La orden también incluye al recientemente fallecido Antonio Barrera de Irimo, que fue ministro de Hacienda entre 1973 y 1974, por lo que la lista final se reduce a 19 acusados.

Figuran también entre los imputados Antonio Carro Martínez, quien fue ministro de la Presidencia (1974-1975); el exministro de Trabajo  (1969-1975) Licinio de la Fuente, que también fue vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, la orden incluye al excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

La Audiencia Nacional podrá ordenar la prisión

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), personada en la causa abierta en Buenos Aires, ha explicado que una vez cursada y recibida la orden de detención preventiva por parte de las autoridades competentes, las Fuerzas de Seguridad deberán proceder a la detención de los reclamados para ponerles a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia en un plazo no superior a las 24 horas.

La organización, que alude al artículo 8 de la ley 4/1985 de Extradición Pasiva española, añade que la Audiencia Nacional podrá ordenar la prisión provisional, su libertad o medidas cautelares, como visitas periódicas a un juzgado, ertirada del pasaporte o prestación de fianza, entre otras.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió retirar el pasaporte el pasado mes de diciembre a dos exmandos franquistas, González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas, que se negaron a ser extraditados tras reclamarles la jueza María Servini de Cubría para juzgarles por torturas, a raíz de una querella presentada contra ellos.

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