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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un receso del pleno del Congreso.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una foto de archivo. EFE EFE

Catalá cree que se "denegará" la entrega de los exministros franquistas por los "antecedentes"

  • Alude a otras decisiones de la Audiencia Nacional por "hechos similares"

  • Es el caso de la resolución que rechazó extraditar a 'Billy el Niño' y 'Muñecas'

  • Ha justificado que son delitos "prescritos en España" y cita la Ley de Amnistía

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "estudiará" la orden de Interpol que ha planteado la detención urgente de varios exministros franquistas, pero ha avanzado que, atendiendo a los "antecedentes" de la Audiencia Nacional, cree que "se denegará la entrega" de las personas requeridas.

Catalá se expresó en este sentido al ser preguntado por la comunicación "muy urgente" que ha hecho la sección de Interpol radicada en Argentina a su oficina de Madrid solicitando la detención preventiva, con fines de extradición, de las 20 personas investigadas por crímenes cometidos durante el franquismo. Entre ellos están los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa.

"Habrá que estudiar esa orden de Interpol, pero con los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares a los que ahora a través de la prensa tenemos conocimiento, la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega", ha dicho Catalá.

Por ejemplo, fue así en el caso del exinspector Juan Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, 'capitán Muñecas', cuando la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

"Delitos prescritos en España"

El ministro de Justicia, que ha informado de que primero se pronunciará el Ministerio del Interior y, después, la Audiencia Nacional, ha justificado que "son delitos prescritos en España" y que, además, en este país hay una Ley de Amnistía de 1977 con la que, ha afirmado, "se intentó superar una etapa trágica de nuestra historia, pero que está totalmente superada".

"No conozco esa orden, en todo caso, la estudiaremos en el Ministerio del Interior", y ha recordado que sobre este asunto ya se pronunció la Audiencia Nacional "hace algunos meses".

"Se puso de manifiesto que en España hay una Ley de Amnistía aprobada en las Cortes Generales y hubo también una prescripción de los delitos", ha recordado.

Los acusados pasarán a disposición de la Audiencia

Una vez cursada y recibida la orden de detención preventiva por parte de las autoridades competentes, las Fuerzas de Seguridad deberán proceder a la detención de los imputados para ponerles a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia en un plazo no superior a las 24 horas.

La Audiencia Nacional podrá ordenar la prisión provisional, su libertad o medidas cautelares, y comunicará su decisión al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, que puede solicitar la extradición en el plazo que determine.

En caso de ordenar una detención preventiva, ésta no puede prolongarse más allá de cuarenta días si dentro de este plazo no se presenta la solicitud de extradición, según ha explicado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), personada en la causa abierta en Buenos Aires.

La organización alude al artículo 8 de la ley 4/1985 de Extradición Pasiva española y al artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 entre el Reino de España y la República Argentina.

En este caso, se trata de una orden de detención internacional que deberá tramitar la oficina de Interpol-Madrid, radicada en el complejo policial de Canillas.

Si se tratara de una petición de extradición, el Consejo de Ministros habitualmente las autoriza aunque puede negarse. En caso de mostrarse a favor de la entrega, la Audiencia Nacional tiene dos opciones: negarse o concederla. Si informa a favor de la extradición, el Ejecutivo puede concederla o denegarla.

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