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Una juez argentina ordena detener a los exministros Martín Villa y Utrera Molina por crímenes del franquismo

  • La juez Servini investiga crímenes y desapariciones durante el franquismo
  • Ordena la detención de Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores
  • A Utrera Molina, suegro de Gallarón, por firmar la sentencia de Puig Antich

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Una juez argentina ordena la detención de lo Martín Villa y Utrera Molina

La juez argentina María Servini ha ordenado la detención preventiva de los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, además de a otros 18 acusados en la causa en la que investiga crímenes y desapariciones ocurridas durante el franquismo.

La magistrada ha dictado esta resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que indica su intención de tomarles declaración indagatoria en esta causa. Por eso, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1, encomendó a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para ser interrogados en Buenos Aires, según indica el Centro de Información Judicial (CIJ).

Utrera Molina, que fue ministro-secretario general del Movimiento, y es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, le acusa por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich y a Martín Villa por la muerte de cinco trabajadores en una protesta en marzo de 1976, cuando era ministro de Relaciones Sindicales.

El fiscal argentino Ramiro González pidió hace unos días a la juez María Servini que impute cinco exministros españoles, a dos juristas, a ocho expolicías y a un médico ginecólogo denunciado por haber intervenido en la sustracción de menores.

Servini ya ordenó en septiembre de 2013 la detención preventiva para su extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar; el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal; el ex comisario José Ignacio Giralte González; y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias 'Billy El Niño'.

Ministros, policías y guardias civiles

La detención de Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico-).

Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, están imputados el excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, quien fuera miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

La jueza federal argentina lleva adelante la causa abierta en Buenos Aires por crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española y el franquismo, en virtud del principio de Justicia universal, a la que se han sumado víctimas tanto en España como en Argentina.

Orgullo en los familiares de las víctimas

En declaraciones a Efe, la querellante Adriana Fernández ha dicho estar "orgullosa, como nieta de republicanos y como argentina, de que acá pueda haber justicia para las víctimas de España, porque lamentablemente allá no hay justicia para estos casos".

"Muchas víctimas de la última parte del franquismo están viendo su sueño de justicia realizado hoy", ha añadido Fernández.

Muchas víctimas del último franquismo están viendo su sueño de justicia realizado

El abogado de la querella Máximo Castex ha mostrado también a Efe su satisfacción por una orden judicial que, a su juicio, "da una respuesta positiva al pedido de las víctimas".

Castex se ha mostrado confiado en que los imputados deban comparecer ante la Justicia española por las peticiones de extradición, tal y como ocurrió previamente con el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas.

Ambas órdenes de extradición fueron denegadas por la Audiencia Nacional española por considerar que los crímenes de los que se acusaba a González Pacheco y Muñecas Aguilar habían prescrito y no eran constitutivos de genocidio.

La querella que originó esa investigación, presentada en abril de 2010 por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad", abarca desde el 17 de julio de 1936, fecha del alzamiento militar con que comienza la Guerra Civil española, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura.

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