Un informe del CGPJ recomienda retirar la reforma del aborto por "prudencia jurírica y política"

• Considera que interpreta la jurisprudencia del TC de forma "involucionada"
• El anteproyecto, señala la vocal, "desconoce la evolución de la sociedad"
• El CGPJ tambien recibirá el informe de la vocal Carmen Llombart

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomienda retirar el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto propuesto por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por "oportunidad y prudencia jurídica y política".

La vocal del CGPJ autora del informe, Pilar Sepúlveda, considera el anteproyecto de la Ley Orgánica de protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada "desconoce la evolución de la sociedad española al optar por una propuesta anacrónica, criminalizadora, y se encuentra anclado en una interpretación estática" de la jurisprudencia constitucional.

La interpretación que hace el anteproyecto es incluso, según Sepúlveda, "involucionada" respecto a dicha jurisprudencia, puesto que no contempla el supuesto de la indicación eugenésica.

En este sentido, según recoge Europa Press, considera que contempla "un régimen aún más restrictivo" que el anterior a la ley actual al prohibir el aborto en caso de graves anomalías, "cuya constitucionalidad fue expresamente avalada" por el Alto Tribunal. Precisamente, el Tribunal Constitucional tiene aún un recurso pendiente en contra de la legislación en vigor.

"No puede considerarse respuesta a una demanda social"

Para la vocal progresista, se trata de "la imposición de un modelo moral a costa de los derechos ajenos en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad,  la autodeterminación y la dignidad decaen de forma evidente ante la  protección del bien jurídico que representa el concebido" y que "no es titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida".

En su opinión, "no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección del concebido" porque "no existe". "La ley vigente goza de un amplio respaldo y aceptación por parte de  la ciudadanía (...) y el anuncio de la presentación y aprobación del  Anteproyecto por el Consejo de Ministros ha creado un clima de alarma  social", explica en las consideraciones previas.

La jurista también opina sobre la pretensión del Gobierno de reducir el número de abortos con esta nueva ley y concluye que "la experiencia demuestra que la aplicación de la ley de 1985 había llevado a España a una indeseable situación de aborto libre, cuando no arbitrario, en el que junto a un incremento notabilísimo de abortos ilegales, seguían practicándose otros muchos en condiciones de grave riesgo sanitario".

“Criminalización de conductas que faciliten la voluntad de la mujer“

"La única respuesta que ofrece al anteproyecto es la criminalización de conductas que faciliten la voluntad de la mujer de  interrumpir su embarazo, la eliminación del ámbito de decidión de la mujer para determinar su propia vida, su intimidad y su ejercicio de  la maternidad, sin abordar el problema del número de abortos de una  manera completa y entendiendo la cuestión desde una perspectiva más  amplia", expone.

"Mero instrumento al servicio de la maternidad"

Asimismo, se pronuncia sobre el informe de impacto de género 'positivo' que acompaña al anteproyecto, dice que es "complaciente" y  "rotunda y terminantemente engañoso", pues "cabe deducir que su aprobación y aplicación generará resultados perniciosos en el ámbito del principio de igualdad" porque contempla a la mujer "como mero instrumento al servicio de la maternidad, necesitada de información y  asesoramiento para decidir sobre su propia vida".

En cuanto a la forma, la jurista define el anteproyecto como "impreciso, vago e indeterminado", en especial en la redacción de los supuestos despenalizados, con conceptos que "merman la certeza y seguridad jurídica de la norma y dificultan la labor del intérprete y aplicador de la ley".

La jurista envía ahora su informe al órgano de gobierno de los jueces que deberán recibir uno más, el de la vocal conservadora Carmen Llombart, a quien también se ha encargado un trabajo sobre el anteproyecto.

El CGPJ deliberará sobre ambos estudios y decidirá cuál  es su posición oficial, que transmitirá al Gobierno como órgano  consultivo del Estado.