Gobierno y oposición crean un grupo de trabajo para pactar este año un plan anticorrupción

• El grupo de trabajo se crea en la Comisión Constitucional del Congreso
• Se fijará un calendario para comparecencias de expertos en abril

El Gobierno y la oposición acuerdan crear un grupo de trabajo para un plan anticorrupción

El Gobierno y los grupos parlamentarios han acordado este miércoles crear un grupo de trabajo en la Comisión Constitucional del Congreso para impulsar un plan anticorrupción y se han dado de plazo hasta el fin de 2014 para pactar medidas legislativas concretas, según ha avanzado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

El acuerdo se ha alcanzado en una reunión convocada en el Congreso por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que ha expuesto a los grupos los dos proyectos de ley aprobados recientemente por el Gobierno sobre control de la financiación de partidos y el ejercicio de los altos cargos.

En ese grupo de trabajo, que se creará dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, se empezarán analizando los dos proyectos que ha presentado el Gobierno y que ya se están tramitando en la Cámara: una nueva Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos y el proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Ayllón ha explicado que se ha establecido un "diálogo sincero" entre todos los partidos que están de acuerdo en que es imprescindible buscar fórmulas para regenerar la democracia y mejorar la imagen pública de las instituciones.

"Todos estamos de acuerdo en el qué, ahora hay que buscar la mejor formula para ponernos de acuerdo sobre el cómo conseguir el objetivo", ha subrayado Ayllón, que ha informado de que también se buscarán pactos en las medidas penales contra la corrupción.

Por lo pronto, ya han acordado convocar la Comisión Constitucional del Congreso la próxima semana para fijar el calendario de comparecencias de expertos en la materia.

Medidas legislativas

Pero también, y según había confirmado la vicepresidenta, se hablará de medidas de orden penal para combatir la corrupción, aprovechando que el Congreso también tiene en tramitación la reforma del Código Penal.

A ello se sumarán las propuestas de distinta índole que lleven los distintos grupos de la oposición y las aportaciones que hagan los expertos a lo largo del mes de abril. Con todo ese material se tratará de pactar unos textos legislativos que deberán aprobarse antes de fin de año.

El Gobierno y los grupos parlamentarios han acordado este miércoles crear un grupo de trabajo en la Comisión Constitucional del Congreso para impulsar un plan anticorrupción y se han dado de plazo hasta el fin de 2014 para pactar medidas legislativas concretas, según ha avanzado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.

Por tanto, los dos proyectos del Gobierno quedan supeditados a este grupo de trabajo con idea de que ,las reformas salgan del Parlamento, previsiblemente como proposiciones de ley, que es lo que pedían algunos grupos de oposición.

Seis meses "perdidos" para el PSOE

Sobre las críticas que ha recibido el Gobierno por haber enviado unilateralmente a la Cámara los dos proyectos legislativos para después abrir el debate al resto de partidos, Ayllón ha recordado que el Ejecutivo sólo ha cumplido el mandato parlamentario de poner a disposición de los grupos "una guía de trabajo".

Ayllón también ha salido al paso de los reproches de IU por los casos de corrupción en el PP, y que supuestamente inhabilitan al Gobierno para impulsar medidas contra esta lacra. "Quienes tienen que investigar la corrupción lo están haciendo y la voluntad, obligación y responsabilidad de los dos poderes del Estado que se han reunido hoy es poner en marcha medidas para luchar contra corrupción", ha subrayado.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha valorado la “iniciativa legislativa” del Ejecutivo, pero considera que tienen que “volcarse y buscar el mayor acuerdo parlamentario”.

Además, la portavoz socialista cree que el Gobierno ha perdido “seis meses preciosos”, porque ahora se ha dado cuenta de que no tiene "ni credibilidad ni legitimidad" como para liderar un pacto anticorrupción con los casos que tiene el PP y las explicaciones que "deben".

Para el portavoz del PP, Alfonso Alonso, la reunión ha sido muy fructífera, porque han salido acuerdos concretos sobre el método, los temas, los objetivos y los plazos, así como el compromiso de todos los grupos de esforzarse por llegar a un pacto.

También ha sido positiva la reunión según el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre: "De entrada la música suena bien, veremos al final de la película si es del agrado de todos", ha dicho.

Lo importante, a su juicio, es afrontar una nueva legislación que permita mejorar la financiación de los partidos acompañada de criterios de transparencia y austeridad para que se sepa en qué se gastan "hasta el último euro que reciben" las fuerzas políticas y que se garantice la suficiencia económica de los partidos.

Izquierda Plural insta a plantear otras medidas

Izquierda Plural, ha advertido su portavoz, José Luis Centella, no participará de ningún pacto de Estado en materia de corrupción mientras no haya "luz y taquígrafos" de lo que ha pasado en los últimos veinte años en los partidos, aunque ha asegurado que están dispuestos a seguir trabajando para afrontar este asunto.

Centella ha dicho además que no se puede hablar sólo de lucha contra la corrupción si se pretende la regeneración democrática y hay que plantear otras medidas como una reforma de la ley electoral, lo que también ha planteado el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

También la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha señalado que hay que ir más allá de la lucha contra la corrupción, y ha prometido que su partido trabajará "a calzón quitado", incluso aunque sea para conseguir acuerdos puntuales importantes si no se consigue un pacto global.

Por su parte, Rafael Larreina, de Amaiur, ha lamentado que en una reunión como la de hoy no pase en primer lugar por el reconocimiento del derecho a decidir, lo que sería, en su opinión "la verdadera regeneración democrática".