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Competencia cree que el nuevo supervisor de los mercados perjudicará la seguridad jurídica

  • Fusiona a los supervisores de Competencia, Energía y Telecomunicaciones
  • Avisa que complicará la tramitación y podría dilatar los plazos de resolución

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La Comisión Nacional de Competencia (CNC) considera que el nuevo supervisor de control de la Competencia perjudicará la seguridad jurídica. Ese nuevo organismo unifica la vigilancia de todos los mercados y se encargará, entre otras cosas, de controlar el cumplimiento de la futura Ley de Unidad de Mercado, cuyo proyecto de ley que se ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros.

Ese nuevo supervisor -la Comisión Nacional de Mercados y Competencia- se creó en una ley que entró en vigor el pasado 6 de junio y fusiona las funciones de la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Esa nueva autoridad supervisora fue puesta en solfa por la Comisión Europea, que incluso amenazó con abrir un expediente a España si el Gobierno unificaba esos siete reguladores por no asegurar "una regulación efectiva e imparcial" del sector de las comunicaciones electrónicas en el mercado único y debilitar su independencia. Finalmente, la vicepresidenta y comisaria europea para la Agenda Digital, Noelie Kroes, admitió esa nueva estructura después de que el Gobierno español se comprometiera a introducir algunos cambios.

Sistema "incomprensible" que "no favorece la simplificación administrativa"

En un informe en el que analiza el borrador del Estatuto de ese nuevo órgano preparado por el Ministerio de Economía y Competitividad, la CNC avisa de que "hay un riesgo cierto de que, con la arquitectura diseñada (...) lejos de mejorar la seguridad jurídica, la perjudique, complicando la tramitación de procedimientos y la motivación de actos, informes y resoluciones". (Ver documento en .pdf)

En concreto, como principal causa de ese peligro apunta al mecanismo de informes preceptivos entre las diferentes salas en las que se ha dividido el nuevo órgano, un sistema al que califica de "incomprensible".

A su juicio, ese mecanismo puede poner en peligro la aplicación eficaz de la Ley de Defensa de la Competencia aprobada en 2007 y "no favorece la simplificación administrativa que supuestamente la reforma buscaba".

Riesgo de "juicios discrepantes consigo mismo"

El borrador del estatuto establece que el Consejo de ese nuevo organismo podrá reunirse en Pleno o dividido en Salas, una de resolución y otra de supervisión. Sin embargo, en determinados casos, prevé que se solicite un informe preceptivo a la sala no competente. La situación que se origina con esos informes preceptivos es la que más preocupa a la CNC.

"La eventualidad de una divergencia de criterio explícita entre Salas, esto es, entre unidades de un mismo órgano, constituye una ruptura con los fundamentos de estructura y organización básica de la Administración pública española", advierte en su análisis, donde señala que es "inconcebible que el titular de Competencia emita juicios de valor o conocimiento discrepantes o contradictorios consigo mismo", algo que es -reitera- "incompatible con el principio de seguridad jurídica".

Para solucionar ese problema, la CNC propone modificar el Estatuto para incluir que si "se constata una posible divergencia" entre los informes emitidos por la Sala que propone la actuación y la no competente, se convoque al Pleno del Consejo para que decida sobre "la resolución del asunto".

Además, la Comisión Nacional de Competencia -condenada a desaparecer por absorción del nuevo órgano- critica la prevista rotación de los consejeros entre las diferentes salas.

Considera que esa medida, "si bien persigue evitar que éstas operen como compartimentos estancos de un único órgano, corre el riesgo de fragmentar en exceso la especialización técnica requerida".

Menos independecia del instructor y plazos más largos

También cree que en el borrador del Estatuto "hay una serie de factores que debilitan la capacidad e independencia del órgano instructor" -la hasta ahora Dirección de Investigación-, ya que disminuyen las subdirecciones, "en particular" las que supervisan sectores de la sociedad de la información y energía.

Apunta, además, que "la pérdida de capacidad del director de Investigación de nombrar su propio equipo" -algo que recaerá a partir de ahora en el Consejo responsable de juzgar al final- "puede debilitar su independencia funcional y la debida separación entre instrucción y resolución".

Por último, el informe concluye que, por lo establecido en el Estatuto, "no cabe esperar una reducción en los plazos de instrucción de los expedientes sancionadores o de concentraciones", ya que se establecen nuevos trámites que tenderán a "dilatar los plazos e incrementar el riesgo de caducidad de los procedimientos".

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