Los inmigrantes irregulares tendrán que pagar 710 euros al año para recibir asistencia sanitaria

• Podrán suscribir convenios de entre 710 y 1.864 euros
• Estos convenios no cubrirán la subvención para medicinas

Los inmigrantes irregulares pueden suscribir convenios para recibir asistencia sanitaria, con una contraprestación económica de entre 710,40 euros y 1.864,80 euros anuales en función de si son mayores o menores de 65 años, pero no cubrirán los medicamentos.

Así lo ha asegurado este miércoles el responsable de Sanidad del PP y  consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, tras finalizar  el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades  autónomas han acordado los requisitos básicos de esas pólizas.

La titular de Sanidad, Ana Mato, de forma inusual, no ha comparecido  en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados al término de  la reunión.

Los convenios a los que se ha dado luz verde no cubrirán la prestación farmacéutica, según ha asegurado Echániz.

También podrán suscribir estos acuerdos los españoles que nunca hayan trabajado

Además de los "sin papeles", a los que se retiró la tarjeta sanitaria  el pasado 1 de septiembre, pueden suscribirlos los españoles que nunca  hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros  (rentistas) y los europeos que voluntariamente quieran.

Con ello, según ha explicado antes de comenzar el Consejo la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, se pone fin al llamado "turismo sanitario".

Los titulares de las pólizas podrán acceder a la cartera básica de servicios por el periodo de tiempo determinado en las mismas.

Se trata de un acuerdo de mínimos, según ha asegurado Echániz, ya que las comunidades podrán establecer una cuota mayor si así lo deciden, pero nunca menor.

El Consejo Interterritorial de Salud ha acordado también la creación de la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que será la encargada de evaluar la nueva cartera básica de servicios del SNS.

Este organismo, según ha informado el Ministerio en una nota, será "una pieza clave" en la actualización permanente de la cartera de servicios para incluir los avances tecnológicos que hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia.

La Red colaborará en la detección de tecnologías y prestaciones emergentes y en las que pudieran ser obsoletas, así como en la elaboración y actualización de guías de práctica clínica.

"Cuentas austeras comprometidas con las personas"

Los responsables del Gobierno han presentado a los consejeros  autonómicos los presupuestos del Ministerio para 2013, unas cuentas  "austeras", pero "comprometidas con las personas y las políticas  sociales", ha subrayado Farjas.

El Consejo ha designado seis vocales, en representación de las  comunidades autónomas, en el Comité de Bioética, lo que ha sido  criticado por la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, quien  ha calificado de "conservadora" y "acorde con la ideología del  Gobierno" la nueva composición de este órgano.

Se ha acordado, asimismo, el sistema de identificación clínica de los  casos especiales a los que se garantiza la asistencia sanitaria  pública, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de  explotación sexual o los solicitantes de asilo.

Los responsables del Ministerio y de las CCAA han estudiado también el informe sanitario sobre violencia de género correspondiente a 2010.

Según ha informado Sanidad, se trata de una iniciativa relevante,  pues los profesionales sanitarios son, en muchas ocasiones, el primer  punto de contacto con las mujeres que sufren este tipo de violencia, por  lo que constituyen "una herramienta privilegiada" para la detección  precoz y la prevención de estos casos.

El informe recoge indicadores epidemiológicos y de formación de  profesionales e incluye un análisis sobre políticas públicas sanitarias  destinadas a los grupos más vulnerables, como los hijos menores de  mujeres maltratadas, las embarazadas, inmigrantes o quienes estén  inmersas en las redes de trata.