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La Generalitat no puede garantizar los pagos de agosto a las residencias concertadas

  • La Consejería de Economía comunicó a los centros los posibles impagos

  • Se repetiría la situación del pasado septiembre

  • Cataluña estudia acogerse al Fondo de Liquidación Autonómico

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La Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña comunicó el pasado viernes que no podía garantizar los pagos de agosto a las residencias concertadas por falta de liquidez, situación que se está intentando evitar antes de que finalice el presente mes, según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia.

Al conocerse los problemas de tesorería, el departamento que lidera Josep Lluís Cleries comunicó a los centros la posibilidad de que se produjeran impagos, lo que podría repercutir en las nóminas de los empleados, ha informado 'El Periódico'.

De confirmarse los impagos, se repetiría la situación del pasado septiembre, cuando la Generalitat aplazó una parte de los ingresos a los centros de ancianos y discapacitados, también por falta de liquidez.

A estas dificultades económicas hay que sumar que se han producido más recortes en Cataluña. Este lunes la Generalitat comunicó a los sindicatos que de la función pública su intención de eliminar por completo la paga extra de diciembre de los funcionarios catalanes y devolverles el importe que se les sustrajo de la del pasado mes de junio.

Cataluña estudia adherirse al Fondo de Liquídez Autonómico

Ante este tipo de situaciones Cataluña está estudiando adherirse al Fondo de Liquídez Autonómico. Con una deuda de 42.000 millones de euros y grandes problemas para encontrar financiación, la Generalitat sigue analizando  las condiciones del fondo de liquidez, antes de decidir si finalmente se acoge a él. 

Fuentes de la Consejería de Economía han indicado a EFE que aún no se ha tomado una decisión, ya que antes quieren analizar con detalle cuáles son las condiciones de adhesión y qué repercusiones tendría para Cataluña solicitarlo.

Desde hace varios meses, los inversores están exigiendo a algunas comunidades un interés demasiado elevado para prestarles el dinero que necesitan para afrontar sus vencimientos de deuda.

La Comunidad Valenciana y Murcia han sido las dos primeras comunidades en adherirse al fondo.

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcarcel, confirmó este lunes que su comunidad pedirá un préstamo al Estado de entre 200 y 300 millones de euros. La Comunidad Valenciana todavía no ha precisado la cantidad que ha solicitado pero sí que servirá para hacer frente a los pagos de provedores de las farmacias entre otros.

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