El juez Baltasar Garzón deberá pagar 482,26 euros a la procuradora del presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, en ejecución de la sentencia del Supremo que le condenó a 11 años de inhabilitación por intervenir en prisión las conversaciones de imputados en la trama y sus abogados.

Así lo ha acordado el Tribunal Supremo en un auto en el que aprueba la tasación de las costas judiciales, a cuyo pago fue condenado Garzón, y da al juez un plazo de díez días para ingresar la cantidad establecida en la cuenta de consignaciones de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, "bajo apercibimiento de apremio".

El pasado 9 de marzo, el Supremo aclaró, a petición de Garzón, que solo debía abonar las costas judiciales del abogado de Correa, pero no las de su presunto "número dos", Pablo Crespo, ni la del letrado Ignacio Peláez, que fue quien llevó al juez al banquillo al denunciarle por esas escuchas.

Garzón pidió al Supremo que aclarara a qué se refería la sentencia que le fue notificada el pasado 9 de febrero al condenarle "al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares".

En esa aclaración, el Alto Tribunal matizó que esa obligación se refiere solo a la acusación ejercida por Correa, que estuvo representado en el juicio por el abogado José Antonio Choclán, ya que fue la única que solicitó expresamente la condena de Garzón en costas.

Según el Supremo, Peláez hizo esta petición "de forma genérica", mientras que la acusación ejercida por el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, representado por el abogado Pablo Rodríguez Mourullo, "guardó silencio sobre el particular".