El Ministerio del Interior ha ordenado la retirada de la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dentro del plan de "reordenación" que se hace efectivo esta semana, decisión criticada por los fiscales de la Audiencia porque recuerdan que ETA no se ha disuelto.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han precisado que en la Audiencia Nacional se retirarán unos 250 agentes, entre escoltas y conductores, y que los mantendrán el presidente del tribunal, Ángel Juanes; el de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska y el juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro.

Del Ministerio Público seguirán con protección el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos, y el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña.

En el Tribunal Supremo será su presidente en funciones, el magistrado Juan Antonio Xiol, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, quienes mantengan el servicio de escoltas, mientras que en el Constitucional sólo seguirá protegido su presidente, Pascual Sala.

En cuanto al CGPJ, Carlos Dívar será el único que continúe con escoltas ya que su cese como presidente del órgano de gobierno de los jueces -dimitió el pasado jueves por sus viajes a Marbella- aún no es efectivo hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que previsiblemente ocurrirá el próximo sábado, una vez que reciba el viernes el visto bueno del Consejo de Ministros.

Las fuentes consultadas han explicado que los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han mantenido durante toda la mañana "reuniones informales" para tratar el asunto, aunque aún no han adoptado aún una posición común al respecto. Asimismo, las mismas fuentes han indicado que se va a reforzar la contravigilancia para los jueces y fiscales a quienes se les retiran los escoltas.

Otras fuentes consultadas por Efe han indicado que Interior ha seguido criterios exclusivamente de seguridad para decidir la retirada de escoltas y que se ha analizado caso por caso antes de adoptar una decisión.

La Fiscalía advierte de que la amenaza terrorista se mantiene

Por su parte, la junta de fiscales de la Audiencia Nacional ha mostrado su "malestar, preocupación" e indignación ante la decisión de suprimir los escoltas tanto a ellos como a los jueces de este tribunal, y ha advertido de que, pese al cese de la actividad de ETA, la amenaza terrorista sigue existiendo.

En un comunicado, los fiscales rechazan la medida de Interior y aseguran que la banda terrorista no se ha disuelto, ya que, tal y como señalan los últimos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ETA continúa desarrollando su actividad con labores de captación, sustracción, falsificación de documentos y sigue teniendo abundante cantidad de armamentos y explosivos.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público de la Audiencia Nacional se han mostrado críticos con la decisión de mantener el personal de seguridad para políticos y exaltos cargos, "cuyas acciones se muestran en ámbitos ajenos a la lucha antiterrorista", lo que, a su juicio, indica que al establecer "prioridades de protección se han valorado criterios que poco tienen que ver con el riesgo real de cada persona".

Han defendido además que el servicio de escoltas resulta "imprescindible" para el desempeño de sus funciones y han advertido de que la desprotección anunciada compromete "gravemente" sus condiciones de trabajo.

Interior argumenta que el número había crecido "inexorablemente"

El Ministerio del Interior ha justificado su plan de reducción de escoltas por el fin de ETA y por el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que ha motivado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado "inexorablemente" en los últimos años.

"La mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó", asegura la nota.

El Ministerio del Interior ha informado de que tras analizar el nivel de riesgo de cada una de las personas protegidas se ha decidido mantener la protección a 697 personas, entre miembros del Gobierno, presidentes de comunidades autónomas, delegados del Gobierno y algunos embajadores extranjeros acreditados en España, además de los citados miembros de la cúpula judicial.

Según los cálculos de Interior, si antes de la aplicación del plan el número de personas escoltadas era de 1.251, ahora se sitúa en 697. De este modo, se ha retirado la escolta a 554 personas, ya sea de seguridad privada, estática o dinámica.

Así, un total de 1.010 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejarán de trabajar en labores de escolta y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana en aplicación del programa de reducción de escoltas.

Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a agentes de las Fuerzas de Seguridad y 789 a empresas de seguridad privada, que eran sufragados por la Administración General del Estado.

Con la puesta en marcha de este programa, la plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a los cuerpos de seguridad y 365 a la seguridad privada.