La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) ha denunciado, durante la presentación de su Informe Anual 2012, el "uso excesivo de la fuerza" por parte de las autoridades contra las manifestaciones del 15-M, sobre todo entre mayo y agosto de 2011, y ha reclamado que las víctimas de ETA reciban "verdad, reparación y justicia".

"Los Estados tienen derecho a perseguir las conductas violentas en las manifestaciones", pero no deben poner "restricciones a las manifestaciones pacíficas", ha declarado el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, durante la presentación del informe en la sede de la organización en Madrid.

"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha advertido de que se debe respetar la libertad de expresión incluso cuando su uso resulta molesto para las autoridades, siempre que sea de forma pacífica", prosiguió Beltrán. Por ello, aunque AI no tiene todavía una postura concreta sobre las reformas anunciadas en el Código Penal en lo relativo a los actos de protesta en la calle, estará "atenta a lo que salga".

Se debe respetar la libertad de expresión

En el informe, AI afirma que se han registrado "denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones del 15-M celebradas en todo el país entre mayo y agosto".

En cuanto a la actuación de las fuerzas del orden en esas protestas, AI se hace eco de que en Barcelona se recurrió a agentes antidisturbios de la policía regional catalana para dispersar a los manifestantes concentrados el 27 de mayo en la Plaza de Cataluña.

"Los informes médicos y las imágenes de vídeo confirmaron que la policía antidisturbios había golpeado con sus porras a manifestantes aparentemente pacíficos y había disparado proyectiles de goma contra ellos", señala el documento de AI.

También menciona el caso de dos mujeres que denunciaron haber sido golpeadas por la Policía en Madrid cuando participaron en una manifestación en agoto pasado.

En el apartado de "tortura y otros malos tratos", AI también menciona que dos policías fueron condenados a 27 meses de prisión por la tortura de un estudiante de Trinidad y Tobago, mientras que a final de año otros dos acusados de la muerte de un nigeriano durante su expulsión de España no habían sido juzgados.

El Gobierno sigue aplicando la detención en régimen de incomunicación

Asimismo, la organización lamenta que el Gobierno español siga "desoyendo" los llamamientos de los organismos internacionales de Derechos Humanos para que deje de aplicar la detención en régimen de incomunicación a los sospechosos de delitos de terrorismo.

El informe valora positivamente la reciente decisión de la Dirección General de Policía de poner fin a los controles discriminatorios de personas pertenecientes a otras minorías étnicas, y lamenta la decisión de dos ayuntamientos catalanes, Lérida y El Vendrell, de prohibir el uso del velo integral en espacios y edificios públicos, una medida que, según Beltrán, viola "la libertad religiosa y la libertad de expresión".

Significa para muchas personas el fin del miedo

El documento destaca la decisión de ETA de declarar el fin de la lucha armada, un anuncio que, según el director de AI-España, "significa para muchas personas el fin del miedo". A juicio de Beltrán, el País Vasco necesita la puesta en marcha de una "agenda de Derechos Humanos" que otorgue a las víctimas de la banda terrorista el derecho a "la verdad, la reparación y la justicia".

Atención Sanitaria

Por otra parte, la organización denuncia también las "violaciones de Derechos Humanos" derivadas de la actual crisis económica y ha advertido de que el derecho a la atención sanitaria "no puede depender de la condición legal de la persona", en alusión a las restricciones anunciadas para el uso de la tarjeta sanitaria por parte de los inmigrantes en situación ilegal.

Al respecto, Beltrán ha recordado que España fue condenada el pasado lunes por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, a propuesta de AI y de otras 18 organizaciones sociales, precisamente por estas medidas derivadas de la crisis, tanto la relativa a la tarjeta sanitaria como a la disminución, a causa de los recortes, de la protección a las mujeres víctimas de violencia de género.