La exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez ha negado este martes que existiera irregularidad alguna en la contratación pública de Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, para montar el pabellón de la Generalitat en la feria Fitur, y ha atribuido la responsabilidad de esta adjudicación a los técnicos de su departamento.

La actual alcaldesa de Novelda y también expresidenta de Les Corts ha defendido estos argumentos en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde ha comparecido como imputada por la causa de supuesta financiación ilegal del PPCV y presunta prevaricación administrativa derivada de la trama Gürtel.

Según fuentes jurídicas, Martínez ha respondido durante tres horas a las preguntas formuladas por todas las partes personadas en la investigación, que principalmente le han interrogado sobre los contratos públicos con Orange Market para montar al pabellón de la Generalitat en la Feria  Internacional de Turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.

Martínez ha remarcado que, dado su cargo, no intervenía en la gestión de las adjudicaciones, trámites que desarrollaban los técnicos de la Conselleria de Turismo.

Por criterios profesionales

El pasado 26 de abril, durante el primer día de declaraciones de testigos e imputados en esta causa, dos de estos técnicos aseguraron que la contratación de la empresa que lideraba Álvaro Pérez "el Bigotes" respondía únicamente a criterios profesionales, y que se decantaron porque su proyecto era superior en "estética y calidad".

Al finalizar su comparecencia, y ante las reiteradas preguntas de los periodistas, la exconsellera de Turismo se ha limitado a repetir: "Muchas gracias, no hay ningún tipo de declaración".

Antes que ella ha prestado declaración, en calidad de testigo, la exsubsecretaria autonómica de Turismo Isabel Villalonga, actual secretaria general de la Delegación del Gobierno, quien tampoco ha querido comentar nada sobre su comparecencia ante el juez.

El procedimiento por el que ambas han comparecido se inició en mayo del pasado año, cuando el Tribunal Superior valenciano aceptó hacerse cargo del mismo a petición del Tribunal Superior de Justicia madrileño.

El instructor, José Ceres, dividió la causa en tres piezas: supuesto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, presunto delito de falsedad documental en las elecciones generales de 2008 y posible prevaricación en la contratación de Orange Market durante la etapa de Gobierno de Camps.

El actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha reiterado hoy que las cuentas del PP valenciano son legales y están auditadas por el Tribunal de Cuentas: "Ya he dicho en varias ocasiones que nuestras cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas y todo lo que hemos hecho ha cumplido la legalidad".

Además, Fabra, que también es presidente regional de su partido, ha asegurado que está "absolutamente tranquilo" por la labor de los dirigentes políticos de su formación y de los cargos de la Generalitat.