6,4 millones de andaluces votarán por el cambio o la continuidad tras 30 años de autonómicas

  • El PSOE ha gobernado Andalucía durante 30 años y es su último bastión
  • El PP roza la mayoría absoluta, el PSOE baja e IU sube, según el CIS
  • Arenas repite como candidato por cuarta vez y para Griñán es la primera vez 
  • El escándalo de los ERE fraudulentos estará presente en la campaña
Ampliar fotoFachada del Parlamento andaluz, en Sevilla.

Fachada del Parlamento andaluz, en Sevilla.noticias

LAURA G. TORRESLAURA G. TORRES 

Casi 6,5 millones de electores andaluces -6.405.200, según el censo electoral- están convocados a las urnas este 25 de marzo en las que serán sus novenas elecciones autonómicas30 años después de sus primeros comicios. Deberán decidir si apuestan por la continuidad política de las tres últimas décadas y el PSOE mantiene su bastión o si optan por el cambio y el PP repite sus victorias de generales y autonómicas y municipales de 2011.

El PSOE de José Antonio Griñán va a basar su campaña electoral en la defensa de las políticas sociales en Andalucía, donde se ha aumentado el gasto en educación e investigación, frente a los "recortes" del PP desde el Gobierno central y en las comunidades que gobierna. Pero, los socialistas tienen en contra los sondeos, favorables al PP, y escándalos de corrupción como el caso de los ERE, al que el PP no ha dejado de aludir durante la precampaña.

Por su parte, los populares, encabezados por Javier Arenas, han prometido una campaña "en positivo" y en la que propondrán recetas para sacar a Andalucía de la crisis

El 25M, en la que es la comunidad autónoma más poblada de España - 8.424.102 habitantes-, habrá 10.631 mesas electorales repartidas en 771 municipios para recoger el voto de los andaluces, que en las dos últimas convocatorias autonómicas (2004 y 2008) tuvieron índices de participación del 75,79 y del 73,65%, aunque coincidieron con las generales. De hecho, cuando los comicios se han celebrado en solitario -lo que no ocurre desde 1990 y es la tercera vez que va a pasar-, la participación ha sido la más baja: el 66,31% en 1982 y el 54,78% en 1990.

Los electores deberán elegir a los 109 diputados que componen el Parlamento andaluz, cuya mayoría absoluta está situada en la cifra de 55 escaños. En la Cámara recién disuelta había 56 diputados del PSOE-A, 47 del PP-A y seis de IULV-CA.

El PP, triunfador en los sondeos

Según el sondeo del CIS, hecho publico horas antes de la campaña electoral, el PP rozaría la mayoría absoluta al obtener entre 54 y 55 escaños con el 44,9% de los votos, frente a los 47 de hace cuatro años.

El PSOE dejaría de ser la fuerza más votada al bajar de 56 diputados a entre 44-46 (37,7%) e Izquierda Unida subiría de 6 a entr 9-10 con el 9,8% de los sufragios. Esta encuestra electoral no da representación ni a UPyD ni al Partido Andalucista.

Según los sondeos electorales publicados previamente el Día de Andalucía, a menos de un mes de la convocatoria electoral, los andaluces optarán por el cambio y darán al PP-A de Arenas, que repite como candidato a la Presidencia de la Junta por cuarta vez, la victoria frente al socialista Griñán, actual presidente andaluz, pero que acude como candidato por primera vez.

Estos sondeos dan a los 'populares' mayoría absoluta y una ventaja de entre 8,7 y 10,1 puntos sobre el PSOE, con el 46,3% de los votos y 59 escaños frente al 36,2% de los sufragios y 43 diputados de los socialistas, según la encuesta de IMC para ABC; o el 45% de votos y entre 54 y 57 escaños para el PP-A y el 36,3% de votos y de 42 a 44 diputados para el PSOE, según la de Sigma Dos para El Mundo.  

Un sondeo de un día antes, de la Confederación de Entidades para la Economía Social (CEPES) de Andalucía, apuntaba que el PP-A rozaría la mayoría absoluta, con una horquilla de entre 53 y 57 diputados.

IU, UPyD o PA, posibles llaves de gobierno

En el caso de que ninguno de los dos partidos mayoritarios lograra la mayoría absoluta, el papel de IU, UPyD o el Partido Andalucista se convertiría en clave, pues serían posible llave de gobierno.

Así, los sondeos dan a la coalición IULV-CA, con Diego Valderas de candidato, entre seis y nueve escaños y este ya se ha mostrado partidario de apoyar a los socialistas para conformar un Gobierno de izquierdas y no permitir que Andalucía se convierta en otra Extremadura.

La llave también puede estar en UPyD, que, según esas encuestas, se convertiría en la cuarta fuerza política -en las generales del 20N fueron el cuarto partido más votado en la región y sacaron 130.000 votos más que los andalucistas-, con entre uno y dos escaños para la candidatura del abogado jerezano Martín de la Herrán. Pero la presidenta nacional de su formación, Rosa Díez, ya ha advertido de que su apoyo en Andalucía vendría condicionado por la implantación de políticas a nivel nacional como la reforma electoral o la supresión de las diputaciones, en un claro mensaje al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.  

El Partido Andalucista, que lleva como candidata a la emeritense Pilar González, militante desde 1995, quiere volver a la Cámara andaluza después de no obtener ningún escaño en los comicios de 2008 y tras 16 años de presencia parlamentaria ininterrumpida. Los sondeos les dan uno o ningún diputado y entre 1996 y 2004 ya gobernaron en coalición con el PSOE, cuando este no tuvo mayoría absoluta.

El escándalo de los ERE

El PSOE, además de luchar contra los sondeos, debe hacerlo contra el escándalo de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) fraudulentos, un asunto que el propio Griñán ha reconocido que puede tener un coste electoral "grande"

En este caso de presunta malversación de fondos públicos destinados al empleo -en la comunidad autónoma con mayor tasa de paro de España, con un 31,23% según la EPA- hay ya más de 50 personas imputadas, entre ellas la cúpula de la Consejería de Empleo de la Junta de la última década casi en su totalidad, además de sindicalistas o abogados. Se imputan delitos como presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Así, están imputados el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández -en el cargo entre 2004 y 2010-, el exviceconsejero de Empleo de 2004 a 2010, Agustín Barberá, y los tres directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía desde 1999: Javier Guerrero -principal imputado en la causa-, Juan Márquez y Daniel Rivera, este último en el cargo en el actual Gobierno andaluz; además del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas.

De la cúpula de la Consejería de Empleo el único cargo no imputado es el que fuera consejero entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso por Sevilla, aunque un reciente informe de la Guardia Civil le atribuye un "papel esencial" en las ayudas investigadas. Si la juez del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quisiera imputarle, tendría que remitir parte de la instrucción al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Viera.

En este caso, que tiene su origen en el de Mercasevilla y acumula ya 41 tomos y 16.000 folios, se investigan los 648 millones de euros en ayudas que se dieron a cargo de un fondo para empresas en crisis que se creó en 2001 en virtud de un acuerdo entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -luego denominado IDEA-. Estas ayudas se dieron supuestamente mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y a la fiscalización administrativa y en los EREs financiados con estos fondos se han descubierto una serie de prejubilaciones fraudulentas.

En una investigación paralela iniciada por la propia Consejería de Empleo a raíz de saltar el escándalo -Griñán siempre ha defendido su colaboración con la Justicia-, se han detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas, los denominados "intrusos" o personas que recibieron dinero de prejubilaciones sin haber trabajado nunca en las empresas afectadas, y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 de estos expedientes de regulación de empleo.

Javier Guerrero, principal imputado en la causa y que llegó a calificar esta partida como "fondo de reptiles", declaró el día 7 a la juez que "nada se hizo a espaldas de la Junta" y que cada consejero se preocupaba por las ayudas de su provincia; mientras que a la Guardia Civil le dijo que el consejero y el viceconsejero de Empleo estaban informados de cómo se concedían las ayudas. El chófer de Guerrero llegó a declarar que gastaban dinero de las ayudas en "cocaína y fiestas".

A este escándalo de presunta corrupción política que salpica a la Junta de Andalucía, además del mencionado Mercasevilla -donde se investigan dos EREs fraudulentos, pago de comisiones, la venta de una parcela a la oferta más baja y un presunto delito societario-, se suma el reciente de Invercaria, otra empresa pública andaluza cuya expresidenta presuntamente presionó para elaborar informes falsos para justificar ayudas públicas.

El último bastión socialista

Tras recomponerse de la derrota en las generales y elegir a Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general, el PSOE nacional se ha volcado en apoyar a Griñán para que gane las elecciones andaluzas, aunque la batalla Rubalcaba-Carme Chacón dejó alguna secuela en los socialistas sevillanos y su secretario general, precisamente José Antonio Viera, dimitió.

Y es que a los socialistas les va en estas elecciones el mantener su último bastión, Andalucía, la única comunidad autónoma que queda en la que han gobernado ininterrumpidamente durante 30 años. Los otros dos territorios socialistas históricos dejaron de serlo en las elecciones autonómicas de 2011 y pasaron a las manos del PP: Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el PSOE había gobernado durante 28 años.

Aparte de en Andalucía, el PSOE solo mantiene el poder autonómico en el País Vasco, donde Patxi López se convirtió en lehendakari en 2009 con el apoyo del PP. Antes de López, el PNV gobernó Euskadi durante 29 años.

La incógnita la despejarán el 25 de marzo seis millones y medio de andaluces en las urnas. 

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