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El Gobierno sancionará con hasta nueve millones de euros a la aerolínea Spanair

  • La ministra de Fomento anuncia un proceso sancionador contra Spanair
  • Se le imputan dos infracciones "muy graves"

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El Ministerio de Fomento ha abierto un expediente sancionador a Spanair

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado este sábado el inicio de un proceso sancionador contra Spanair por la suspensión de su actividad por la que podría ser multada con hasta nueve millones de euros. Hasta el momento, 8.304 clientes han canjeado los billetes que habían adquirido a Spanair para volar entre el sábado y el próximo lunes por pasajes de otras compañías, según AENA.

En rueda de prensa, la ministra ha explicado que se le imputan dos infracciones "muy graves" a la compañía que podrían suponer una multa de hasta 4,5 millones cada una y la retirada de la licencia.

Por un lado, el Ejecutivo acusa a la aerolínea de infringir la obligación de asegurar la continuidad en la prestación del servicio, a la que se une el hecho de haber causado daños superiores a 15.000 euros y haber provocado la suspensión del servicio aéreo.

Asimismo, abre un proceso sancionador por no cumplir con la obligación de ejercer las actividades con respeto a los derechos de los pasajeros. En este caso también considera Fomento que "concurren circunstancias agravantes".

Atrapados en el extranjero

Pastor ha insistido en que el Ministerio "no cejará hasta que la compañía asuma toda la responsabilidad" por "incumplir las normas y pisotear los derechos de los ciudadanos".

Así, la ministra ha denunciado que la decisión "unilateral" de la compañía de suspender el servicio está "causando graves daños".

En total, 647 vuelos se verán afectados por el cese de la actividad, de los que 158 estaban previstos para este sábado, 222 para este domingo y 267 para el lunes.

Además, Pastor ha explicado que hay viajeros que han quedado atrapados en el extranjero, concretamente en Nador (Marruecos), Mali y Gambia. La ministra ha apuntado que los viajeros que estaban en Nador se están trasladando a Melilla para volar desde allí, mientras que se está tratando de reubicar a los 170 viajeros que están en Mali y los 174 que aún siguen en Gambia.

Comités de coordinación

La responsable de Fomento ha explicado que se han constituido comités de coordinación que están trabajando con una "especial intensidad" en Barcelona, Madrid y en los aeropuertos de algunas islas.

Pastor ha señalado que estos comités están formados por representantes del Ministerio y por personal de AENA, de la Dirección General de Aviación Civil y de la Agencia de Seguridad Aérea. Asimismo, también participan representantes de la Delegación del Gobierno, de los ejecutivos autonómicos, de las Fuerzas de Seguridad y de otras compañías, como Vueling, Iberia, Air Nostrum, Air Europa y otras aerolíneas internacionales.

En este sentido, la ministra ha destacado la "colaboración" que están presentado el resto de compañías para tratar de atender a los viajeros y ha explicado que están ofreciendo tarifas "especiales" de 60, 90 y 100 euros a los afectados, dependiendo del trayecto. Además, ha añadido que el Ejecutivo ha decidido exonerar a los afectados del pago de las tasas aeroportuarias en los nuevos billetes "de rescate".

Sobre los trabajadores de la compañía, el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, ha explicado que no habrá un trato especial y que se aplicará la normativa habitual en estos casos.

Por último, Pastor ha destacado el papel de la Generalitat catalana, que ha estado "arrimando el hombro". Según la ministra, el Gobierno catalán está afrontando un problema que "en su génesis" no le corresponde y ha estado "trabajando para que -la compañía- pudiera mantener la actividad". "Han heredado lo que hoy estamos viviendo", ha dicho Pastor.

Los afectados reclaman

Cientos de clientes de Spanair han presentado quejas en varios aeropuertos españoles por la decisión de la compañía y por la escasez de billetes disponibles con la "tarifa de rescate" que se han ofrecido a colaborar para mitigar el impacto de su cese de actividad.

Muchas de las reclamaciones se deben a que existe un número limitado de billetes con la tarifa especial, por lo que una vez agotados, tienen que abonar los vuelos a precio de mercado, que pueden costar hasta 500 euros.

En este sentido, un portavoz de Spanair, Jordi Juan, ha asegurado que la compañía trabaja para resolver los problemas creados a los usuarios, en tanto que un representante de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, denunciaba que otras compañías "se están aprovechando de la situación" y están incurriendo incluso en fraude por "publicidad engañosa", porque incrementan sus tarifas.

Reacciones políticas

En el terreno político, mientras Pastor apoyaba la actuación de la Generalitat en la crisis de Spanair, el ministro de Industria, José Manuel Soria, demandaba una "seria reflexión sobre el papel de las administraciones públicas dentro de las empresas privadas", al tiempo que recordaba que la aerolínea había ayudado a mejorar la conexión de Canarias con el resto de España y el mundo.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha comentado que hizo "todo lo que pudo para salvar" Spanair, pero, en este momento de ajustes presupuestarios, el proyecto no podía convertirse en un "pozo sin fondo", mientras que el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha indicado que pedirá explicaciones por su caída.

La presidenta del Partido Popular (PP) en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha manifestado que Spanair ha cerrado por ser "un proyecto poco realista para poder garantizar su estabilidad" y ha recordado que la Generalitat y otros organismos públicos catalanes "han pagado más de 150 millones de euros a la compañía".

El portavoz adjunto del grupo IU, ICV-EuiA, CHA en el Congreso, José Luis Centella, ha calificado de "terrorismo empresarial" la suspensión de la actividad por Spanair y ha solicitado a Fomento que trabaje y utilice "todos los medios legales" para que la compañía reanude sus operaciones.

El secretario de organización del sector aéreo y de servicios turísticos de CCOO, Jorge Carrillo, ha culpado a la Generalitat del cese de operaciones de Spanair.

El responsable de USO en Spanair, Jordi Mauri, ha pedido a las administraciones que se impliquen para que los cerca de 4.000 trabajares afectados directa e indirectamente por el cierre de la compañía cobren la nómina de enero y puedan percibir la indemnización a la que tienen derecho las prestaciones por paro.

Los pilotos, a través del Sindicato Español de Líneas Aéreas (SEPLA) y del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (COPAC), han denunciado la política de subvenciones que está aplicando la administración y que ha perjudicado a Spanair, además de señalar que "alguien se está beneficiando de su quiebra".

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