La investigación del presunto desvío de fondos públicos en el Instituto Nòos durante la presidencia de Iñaki Urdangarin, parte de la investigación que la justicia balear está realizando del caso Palma Arena.
La documentación que los investigadores se incautaron en los registros llevados a cabo entre el 7 y el 10 de noviembre en el Instituto Nóos y en varias sociedades mercantiles vinculadas a Urdangarín está siendo analizada en sede judicial por la Fiscalía y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares. Se trata, en concreto, de unos 15 archivadores, que han llevado a la imputación del duque de Palma, convocado a declarar el próximo 6 de febrero.
El caso sobre el Instituto Nòos está vinculado a la investigación que el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma está llevando a cabo sobre el caso Palma Arena, en el que se investiga la presunta corrupción del Govern balear presidido por el ‘popular’ Jaume Matas.
El juez José Castro, será el encargado de tomar declaración a Iñaki Urdangarin por los presuntos delitos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Concretamente, el auto del juez Castro se recoge en el cuarto fundamento jurídico que Iñaki Urdangarin "habrá de ser interrogado" por los hechos que guarden relación "con la génesis de cualquier forma negocial" que tanto el duque como persona física o en condición de "representante, partícipe o vinculado, de hecho o de derecho" a personas jurídicas, "haya sido sido perceptor de fondo públicos, ejecución de lo convenido, rendición de cuentas, personas que han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos, así como el destino y tratamiento fiscal que se le haya dado a los fondos recibidos y los que se deriven" y todo estos tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana.
En el caso también están implicados su socio Diego Torres, y cinco altos cargos del gobierno balear.
Sin embargo la infanta Cristina no será de momento investigada ya que la Fiscalía General del Estado considera que no ha quedado demostrado que la infanta Cristina tuviera conocimiento de las actividades irregulares de la la empresa Aizoon, sociedad de la que la hija del rey es propietaria en un 50%.
El Instituto Nòos, bautizado en 2003 con el mismo nombre de la consultoría del Duque de Palma, es una entidad sin ánimo de lucro que se dedicaba en su origen a "realizar investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas, así como a servir de punto de encuentro a los profesionales de esta disciplina".
La incorporación de Iñaki Urdangarin, que presidió Nòos entre 2004 y 2006 añade a sus objetivos el de "impulsar programas de investigación especializados en una temática concreta que serán denominados Institutos".
La Policía Nacional registró los días 7 y 10 de noviembre una sede del Instituto Nòos en Barcelona por la investigación del presunto desvío de 2,3 millones de euros, entre 2005 y 2006 por parte del Ejecutivo del expresidente balear Jaume Matas.
El Ejecutivo autonómico abonó a Nòos, a través de la Fundació Illesport y el Ibatur, un total de 2,3 millones de euros a pesar de que el evento duró tres días, entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005.
Sin embargo, el total del dinero que presuntamente se desvió desde Nòos asciende a casi 6 millones de euros, que habría recibido desde los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia.
Según la fiscalía anticorrupción "la operativa consistía en que por el Instituto Nòos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", y que añade que después la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín".
Además, la Agencia Tributaria ha entregado al juez Castro un informe de más de 140 páginas que detalla los movimientos económicos, gastos e ingresos que efectuó la entidad y que corresponderían más a fines lucrativos que a actuaciones propias de una entidad sin ánimo de lucro.
El extenso informe detalla de esta forma las numerosas operaciones que llevó a cabo la entidad, la mayoría de las cuales no corresponderían al objeto social de Nóos, cuyos estatutos establecen en concreto que se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuya misión concreta es realizar "investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas".
La Casa de Su Majestad comunicaba, a través jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, el pasado 12 de diciembre, que "no le parece ejemplar" las actividades del duque de Palma.
Spottorno explicaba al mismo tiempo que el esposo de la infanta Cristina de Borbón no participará en actos institucionales en una decisión de común acuerdo la Casa del Rey y el Duque de Palma.
La Casa Real negaba también que la distribución interna de estos gastos responda al principio de "barra libre", y ha subrayado que todas las cuentas internas de la Casa del Rey son controladas y auditadas con carácter previo y posterior.
Mario Pascual Vives, el abogado designado por Iñaki Urdangarín como su asesor jurídico y único portavoz, es miembro del bufete barcelonés Brugeras, García-Bragado, Molinero y Asociados, y está especializado en asuntos de derecho penal y procesal.
Brugueras, García-Bragado, Molinero y Asociados es una firma especializada en una amplia gama de materias jurídicas, tanto nacionales como internacionales, y dedicado tanto a la defensa de personas jurídicas y empresas como a las personas físicas, según se explica en la página del bufete.
Un mes después del registro de la sede del Instituto Nòos en Barcelona, el Duque de Palma rompía su silencio a través de su abogado. Según explicaba Pascual Vives el marido de la Infanta Cristina está "muy preocupado" por la situación que atraviesa.
"No tengo ni idea sobre si será imputado. Me rijo por los comunicados que envía la Fiscalía", afirmaba el letrado a medidados de diciembre. "Lo defenderé en los juzgados, que es donde corresponde" ha sostenido al ser preguntado por el aluvión de nuevas informaciones que aparecen sobre el caso.
Preguntado sobre si tenía pruebas de la inocencia del duque de Palma, aseguraba que su "obligación profesional es mantener un hermetismo absoluto" sobre este aspecto para no perjudicar a su cliente.
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