El mexicano Humberto Leal, condenado a muerte en Texas por violación y asesinato, ha sido finalmente ejecutado después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. se haya negado a detener su muerte y ante el silencio del gobernador del estado, Rick Perry. El Gobierno de México ha condenado la decisión "en los términos más enérgicos".
Leal, condenado a la pena capital en 1994, ha sido declarado muerto a las 06.21 hora local (01.21 horario peninsular español) en la prisión de Huntsville, la más antigua de Texas, según informa Efe. Ni el Tribunal Supremo, que podía haber suspendido de la ejecución, ni el Gobernador de Texas, un republicano del ala conservadora con aspiraciones a la presidencia, han intervenido para paralizarla.
"Lamento todo lo que he hecho, todo el daño que he ocasionado a mucha gente", ha afirmado Leal en sus últimas palabras. "Por años no pensé que merecía ningún tipo de perdón. Me responsabilizo totalmente por esto", ha añadido.
El caso de Leal, ciudadano mexicano, ha despertado polémica porque no recibió asistencia consular de su país antes de que se declarase culpable cuando fue detenido en 1994, algo a lo que obliga la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que forma parte EE.UU. .
Según su abogada, Sandra Babcock, de haber contado con esa asistencia durante el juicio en 1995, Leal "habría tenido una oportunidad de real de probar que no era culpable de asesinato", informa Efe.
El caso ha hecho que el Departamento de Justicia de Estados Unidos del Gobierno de Obama solicitase a la Corte Suprema que ordenase suspender la ejecución a fin de no incurrir “en la violación irremediable del derecho internacional”.
Pese a reconocer la voluntad de la Administración Obama por mediar en el caso, el Gobierno de México ha condenado "en los términos más enérgicos" la ejecución y ha enviado una nota de protesta al Departamento de Estado de EE.UU. por la "violación al derecho internacional".
La ejecución es un "claro desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" en el Caso Avena de 2004 que ordenó la revisión y reconsideración judicial del veredicto y la pena impuesta, ha señalado en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, las autoridades de Texas se han negado a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar ni las leyes estatales ni las de EE.UU. y que el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.
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