La ley Sinde entra en vigor, pero no estará operativa hasta el verano

  • Habrá que esperar a que se constituya la Comisión de Propiedad Intelectual
  • PSOE, PP y CiU la aprobaron tras haber sido rechazada en el Senado
  • La norma ha creado una gran oposición entre los internautas
  • Los creadores dicen que es un primer paso
RTVE.es - MADRID 

La conocida como Ley Sinde, que permite el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales por orden judicial, podría ser efectiva este verano, una vez quede constituida la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias.

Tras la publicación el sábado en el BOE de la Ley de Economía Sostenible, este domingo entra en vigor una de sus disposiciones más polémicas, la final cuadragésima tercera, más conocida como Ley Sinde, pero, tal y como adelantó la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, el pasado mes de febrero, ésta no estará operativa hasta el verano.

Y es que ahora el Ministerio de Cultura tiene que iniciar el desarrollo normativo de esta ley antidescargas, que incluye el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias que se presenten contra las páginas web que permitan las descargas de música, películas o libros de forma ilegal.

La Ley Sinde fue aprobada el pasado 15 de febrero en el Pleno del Congreso de los Diputados con 323 votos a favor del PSOE, PP y CIU, 19 en contra del PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención.

La ley era así respaldada por el 92 por ciento de la Cámara Baja, pero hasta llegar a su aprobación había recorrido un camino un tanto tortuoso, ya que la cámara parlamentaria que la aprobaba la había rechazado anteriormente -21 de diciembre- en la Comisión de Economía.

El tema espinoso y que echaba para atrás a los diputados, cuando en noviembre de 2009 el Gobierno presentaba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, no era otro que la disposición final segunda, ahora aprobada como cuadragésimo tercera.

Esa disposición preveía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que decidiría sobre el cierre de páginas web sin orden judicial.

El hecho de que no fuera un juez el encargado de cerrar estas webs levantó todo tipo de críticas contra la ley, pero una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU que reforzaba, respecto al texto original, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor, consiguió su aprobación en el Senado.

La ministra de Cultura, nada más aprobarse la Ley, se mostraba convencida de que esta propiciará un "gran desembarco" legal de empresas en Internet, ya que el éxito o no de la industria cultural española se medirá en función "de la oferta legal que vaya habiendo" en la red, y aseguraba que el objetivo no es bloquear contenidos o cerrar páginas, "porque -precisó- eso significaría que no se ha producido la transformación" que los usuarios esperan.

Además, lo calificaba de "gran noticia no solo para la cultura sino también para todos los ciudadanos", porque "garantiza tanto los derechos de los usuarios" de internet como "de aquellos que son los propietarios de los derechos".

Pero las movilizaciones en internet y en las calles en contra de la Ley Sinde han sido masivas desde que fue presentada por el Gobierno.

Incluso en el transcurso de las negociaciones el presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que se puso a terciar entre unos y otros, anunciaba el 25 de enero su dimisión por no estar de acuerdo con el pacto alcanzado en el parlamento y que sacaba adelante el texto.

Asociaciones como la Coordinadora Verde, el Partido Pirata, el Partido de la Libertad Individual y plataformas "online" como noalaleysinde.com continúan convocando manifestaciones en contra de la ley, bajo el nombre de los ciberactivistas Anonymous, y acusan al Gobierno de "querer controlar internet" con "excusas como la seguridad"; además, quieren que la red sea un lugar donde la gente "haga cultura libremente o gane dinero libremente".

Además, la Asociación de Internautas estudia recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, porque la consideran "ineficaz" para luchar contra la piratería en internet y opinan que no resuelve el problema de fondo: la reconversión del modelo de negocio cultural.

Por otro lado, la Asociación de Creadores de Contenidos Digitales, de la que forman parte Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Dani Martín, Pedro Almodóvar, Paco de Lucía, Alejandro Amenábar, David Bisbal, Espido Freire o Almudena Grandes, entre otros, ha mostrado su "satisfacción" con el texto, pero reconocen que esto es "solo un comienzo", ya que existen "numerosos retos" en el nuevo panorama de modelos de negocio digitales.

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