La jueza federal estadounidense Susan Bolton ha ordenado este miércoles el bloqueo de partes clave de la ley de inmigración del estado de Arizona, que convierte en delito ser inmigrante ilegal.
La decisión de la jueza representa una gran victoria para los críticos de la ley, que tiene pendientes siete demandas en contra, entre ellas una del propio Gobierno de Estados Unidos. Aún así, la ley entrará en vigor el próximo jueves como estaba previsto.
Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados este miércoles se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.
En la orden de la jueza se indica que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detengan erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley".
"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga 'extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.
La medida entrará en vigor mañana, como está previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.
También queda en suspenso la aplicación de otro apartado que obliga a los inmigrantes a llevar siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en EEUU.
Igualmente se suspende la parte de la ley que convertía en delito que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.
La ley fue promulgada por la gobernadora de ese estado, Jan Brewer. Gracias a ella, la policía puede detener a personas si hay "sospecha razonable" de que no tienen "papeles".
Brewer aseguró, tras sacarse adelante, que se trataba de "un arma más para atajar un problema que el Gobierno federal se ha negado a resolver".
La gobernadora firmó la ley frente a la sede del Capitolio estatal mientras centenares de manifestantes protestaban por la iniciativa que pocas horas antes el presidente Barack Obama había calificado de "mal encaminada".
Finalmente, Obama dio un paso más y recurrió la ley el pasado 6 de julio, por considerarla inconstitucional.
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