La Presidencia del Congreso ha declarado vacante este miércoles el cargo de Defensor del Pueblo, al expirar el mandato de Enrique Múgica y después de que no se haya procedido a designar a un sustituto, de modo que la adjunta primera, María Luisa Cava de Llano, ejercerá en funciones.
Enrique Múgica fue elegido defensor del Pueblo en junio del año 2000, a propuesta del PP, y el 29 de junio de 2005 renovó su cargo para un segundo mandato, en esta ocasión fruto del consenso entre los dos partidos mayoritarios de la Cámara.
Mientras las Cortes Generales no designen a un nuevo defensor del Pueblo, y en virtud del artículo 5.4 de la Ley del Defensor del Pueblo, las funciones serán desempeñadas interinamente por la adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano.
Ni el PSOE ni el PP han propuesto ahora candidatos para dirigir la institución del Defensor del Pueblo.Fuentes del PP han considerado que debe de ser el Gobierno el que tome la iniciativa y, a este respecto, el principal partido de la oposición está a la espera de que se produzca algún contacto.
Ya entre 1993 y 1994 Margarita Retuerto ocupó el cargo en funciones durante 21 meses, hasta que el 1 de diciembre de 1994 Fernando Álvarez de Miranda juró el cargo tras ser avalada su candidatura con 291 votos a favor.
El mandato de Enrique Múgica no ha estado exento de polémica. En octubre de 2006, en una iniciativa sin precedentes, la Mesa del Congreso admitió a trámite una iniciativa parlamentaria de IU-ICV para reprobar y pedir su cese por haber recurrido ante el Tribunal Constitucional el Estatuto catalán.
La iniciativa fue rechazada en 2007 por la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo con el voto de PSOE, PP y CC.
Múgica aseguró el pasado mes de mayo que se siente "con fuerza y con vocación" para seguir cinco años más al frente de esta institución, siempre que haya consenso entre los grandes partidos que garantice su continuidad.
El proceso para designar oficialmente a su sustituto comenzará cuando haya un nuevo candidato, que tiene que ser ratificado por mayoría simple en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo y, en un plazo inferior a diez días, por el pleno del Congreso.
Será designado quien obtenga una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, sea ratificado por esta misma mayoría del Senado.
En el caso de no alcanzarse estas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión, y en el plazo máximo de un mes, a formular sucesivas propuestas.
Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la Comisión para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquel.
Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
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