El presunto cerebro de Pretoria cobró 8 millones en comisiones por operaciones urbanísticas

  • Según el fiscal, Prenafeta y Alavedra cobraron 637.590? cada uno
  • El sumario dice que Luis García era el "consejero de facto"
  • Conseguía que las adjudicaciones cayeran de parte de empresarios
Ampliar foto Operación Pretoria

Luis García, ex diputado del PSC, cuando compareció ante Garzón en octubre pasado.EFE

LA OPERACIÓN PRETORIA

La 'operación Pretoria' investiga una presunta trama de corrupción urbanística que pudo defraudar 45 millones de euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andrés de Llavaneras. En la causa, iniciada por el ahora suspendido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, están imputadas una veintena de personas, entre ellas el presunto cerebro de la trama, el ex diputado del PSC Luis Andrés García 'Luigi', al que el juez imputa delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental al considerarlo el "nexo de unión" de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y, "especialmente", con el ex alcalde de esta localidad, Bartomeu Muñoz, también libre bajo fianza. Entre los imputados figuraban también los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, también libres bajo fianza, y otros cargos de los ayuntamientos y sociedades municipales barcelonesas.

RTVE.ES / AGENCIAS - BARCELONA 

El ex diputado socialista Luis Andrés García "Luigi", presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística de la "operación Pretoria", cobró ocho millones de euros por su intervención en operaciones inmobiliarias de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción de 22 de octubre de 2009, apenas unos días antes de la detención de los implicados en la trama de presunta corrupción urbanística, que ha mantenido durante meses en prisión a los ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol Macià Alavedra, que fuera conseller, y Lluís Prenafeta, ex secretario general de Presidencia de la Generalitat, así como al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

Según ese informe incluido en el sumario, del que se ha levantado el secreto, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra habrían cobrado otros 637.590 euros cada uno por comisiones por dichas operaciones urbanísticas en municipios del área metropolitana de Barcelona.

Asimismo, el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, Ginés Carbó, también imputado en la causa, se embolsó cerca de 244.000 euros en comisiones, según revela el informe de la Fiscalía, basado en las investigaciones de la Guardia Civil y las escuchas telefónicas de los imputados.

Operaciones urbanísticas sospechosas

La Guardia Civil basó sus informes en la investigación de tres operaciones urbanísticas sospechosas: "Pallaresa", de Santa Coloma de Gramenet, "Niesma", de Sant Andreu de Llavaneres, y Badalona, de esta población del área metropolitana de Barcelona.

Según la Guardia Civil, el "modus operandi" en esas tres operaciones era similar: gracias a los influyentes contactos que Luis Andrés tenía entre los equipos de gobierno municipales y los empresarios, se conseguían modificaciones de planes urbanísticos municipales que beneficiaban a las empresas adjudicatarias.

De esa forma, "Luigi", del que el informe destaca su "elevado nivel de vida" pese al bajo nivel de ingresos que declaraba, habría cobrado en concepto de comisiones 8.026.000 euros, gracias en parte a su "privilegiada relación" con el alcalde de Santa Coloma.

Tanto Alavedra como Prenafeta, revela el sumario del "caso Pretoria", tenían "cualificadas relaciones" que los imputados utilizaban en beneficio de los proyectos urbanísticos investigados y, en ambos casos, hay indicios de que tenían considerables sumas de dinero en paraísos fiscales.

De hecho, la Guardia Civil descubrió indicios de que ambos ex altos cargos de CiU habrían "intermediado ante la Generalitat y el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès" a favor del empresario inmobiliario Lluís Casamitjana, presidente de Espais y también imputado en la causa por su relación con una de las operaciones urbanísticas objeto de investigación.

La investigación descubrió también la "fluida y cordial relación" entre Luis Andrés García y el ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres Antoni Jiménez pero, especialmente, su "capacidad de influencia y decisión" en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Posible desvío de fondos de subvenciones europeas

Respecto a Santa Coloma de Gramenet, el informe concluye que hay indicios de que el Ayuntamiento podría haber desviado fondos procedentes de subvenciones europeas, una situación que estuvo a punto de hacerse pública por una auditoría que iba a encargar el propio consistorio.

Según otro escrito de la Fiscalía posterior a las detenciones y a la masiva incautación de documentación ordenada por la Audiencia Nacional, las operaciones de recalificación urbanística de los terrenos en que se llevaron a cabo las operaciones investigadas supusieron una revalorización de los mismos por valor de 32,37 millones de euros que, sin embargo, no revertieron en los respectivos ayuntamientos.

En concreto, el Ayuntamiento de Santa Coloma dejó de ingresar en la operación Pallaresa 13 millones, el de Sant Andreu de Llavaneres cuatro millones por la operación Niesma, y otros 1,37 millones en concepto de equipamientos, mientras que las arcas del ayuntamiento de Badalona no recibieron 14 millones de euros por la revalorización de los terrenos.

'Luigi' mediaba en "todas" las acciones del alcalde de Santa Coloma

El secreto de sumario también desvela que 'Luigi' era el "consejero de facto o en la sombra", que mediatizaba "todas y cada una de las acciones" del ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet y del teniente de alcalde y presidente de la empresa pública Gramepark, Manuel Dobarco -todos ellos imputados.

Según un escrito de la Fiscalía, firmado el 30 de octubre de 2009, 'Luigi' accedía a personas que formaban parte de entidades públicas para conseguir que los proyectos y las adjudicaciones cayeran de parte de los empresarios imputados o sus empresas, para así "obtener ilícitamente las ganancias correspondientes".

En esta labor participaban "eficazmente" los Prenafeta y Alavedra, "desplegando en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público" a favor de sus clientes o empresas vinculadas a ellos y percibiendo por ello "las cantidades correspondientes".

Luis García salió en libertad bajo fianza de medio millón de euros el pasado 12 de abril, después de haber pasado en prisión varios meses tras su detención a finales de octubre de 2009 junto al resto de imputados.

Hace una semana la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la  Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz que levantara el secreto del sumario del caso, en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística que habría operado en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, según fuentes jurídicas.

El sumario consta de 30 tomos con un total de 11.147 páginas. Una  empresa se ha encargado de escanearlas para dar traslado a las partes.

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