La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles al juez Santiago Pedraz, que sustituye a Baltasar Garzón, levantar el secreto de sumario del "caso Pretoria". Una trama que investiga la presunta corrupción en varios ayuntamientos barceloneses liderada por el ex diputado del PSC Luis García.
Según el tribunal, no existe cobertura legal para mantener el secreto de la causa, ya que se ha comprobado "el carácter público de la investigación judicial desplegada" y la "inexistencia de peligro de su destrucción".
La sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal sostiene también que, de la documentación intervenida, "se advierte no sólo la prolongada duración del secreto de la investigación judicial", sino también su "falta de fundamento eficaz" por parte del Ministerio Fiscal y del instructor de la causa, Baltasar Garzón.
De esta forma, la sala atiende al recurso de apelación presentado en diciembre por el ex diputado del PSC, Luis García, que pedía el levantamiento del secreto sumarial.
A esta petición se unieron también los imputados Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco, ex alcalde y ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet, respectivamente y Manuel Valera, el administrador de una de las empresas implicadas en la trama, Niesma Corporació S.L.
El tribunal tiene en cuenta los argumentos de los recurrentes y señala que "resulta incomprensible" la prolongación del secreto "si se tiene en cuenta que la documentación obrante es de índole pública, no vulnerable a ser manipulada, y por tanto, sin razón legal" que justifique mantener dicha medida.
Por tanto el magistrado Santiago Pedraz será el encargado de levantar el secreto, ya que es el sustituto de Garzón, que fue suspendido cautelarmente el pasado viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue después de que el Tribunal Supremo ordenara la apertura de juicio oral contra él por un delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
En la causa "Pretoria" hay un total de 20 imputados, entre ellos los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, a los que Garzón dejó en libertad bajo fianza de un millón de euros en diciembre.
El último de los implicados en la trama de corrupción y presunto cerebro de la red, Luis García, fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 euros a finales del pasado mes de marzo. Al ex diputado de PSC se le imputan los delitos e blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental.
Esta presunta trama de corrupción defraudó un total de 44.754.000 euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y San Andreu de Llavaneres.
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