La Comisión Permanente Extraordinaria del Consejo General del Poder Juidicial que estudia el traslado de Garzón a La Haya como consultor externo de la Fiscalía ha concluido sin acuerdo pasadas las 19.45 horas, según informa Cristina Ónega.
El Poder Judicial, que esta mañana ha suspendido cautelarmente al magistrado, solicita nuevos informes, entre ellos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, antes de decidir si permiten a Garzón marcharse como consultor externo de la Fiscalía del TPI.
El Consejo ya ha comunicado a Garzón que aún no hay respuesta a su petición de traslado, según las mismas fuentes que aseguran que una vez se reciban los documentos solicitados, la Comisión Permanente se reunirá con carácter inmediato para adoptar una decisión.
Serán cinco los nuevos informes solicitados "para disponer de los necesarios elementos de juicio" con respecto a la solicitud de Garzón, según explicaron desde el Consejo. Entre otras cosas, el CGPJ ha decidido comunicar a la Fiscalía del TPI la suspensión cautelar decretada contra Garzón para saber si, a pesar de ello, mantiene la oferta de trabajo al magistrado. También solicitan que comunique si el puesto ofrecido a Garzón "lleva implícita algún género de imnunidad procesal".
Según el Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento del TPI, el puesto en el que se integraría Garzón -consultor externo de la Fiscalía- no goza de ningún tipo de inmunidad procesal, algo que si disfrutan los magistrados y fiscales de la Corte. Garzón sólo tendría inmunidad "para el cumplimiento de sus funciones".
La Comisión Permanente también ha decidido solicitar a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se pronuncie sobre si la nueva situación de Garzón "afecta al curso de las actuaciones" abiertas contra el magistrado.
De forma complementaria, los vocales han acordado pedir a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Secretaría General del propio CGPJ informes sobre la pertinencia de conceder a Garzón el permiso de servicios especiales solicitado a la vista de su nueva situación admnistrativa.
El Consejo trata así de saber si existe una fórmula para sortear los problemas legales que genera la singular situación de Garzón. En un principio se pensaba, según explicaron en su momento varias fuentes del CGPJ, que la suspensión cautelar de Garzón podría truncar sus planes de trasladarse TPI ya que el permiso de servicios especiales solicitado no se podría tramitar debido a que esta figura sólo se puede aplicar a jueces y magistrados que se encuentren en activo.
Los vocales de la Comisión Permanente volverán a reunirse "de inmediato" una vez se hayan recibido todos los informes solicitados. Tendrá que tomar una decisión definitiva y determinar si permiten o no que el juez trabaje en la Fiscalía del TPI.
Además, según informa la agencia EFE el magistrado de la Audiencia ha recibido minutos antes de las 20:00 horas la notificación de su suspensión cautelar, que de esta forma se hace efectiva, han informado fuentes jurídicas.
Centenares de personas se han agolpado desde las 20.00 horas frente a la Audiencia que al grito de "¡Qué vergüenza!" han despedido con aplausos al magistrado, en su última salida de esta sede judicial. Garzón, que no ha querido bajarse de su coche para saludar a la multitud, les ha lanzado un beso desde lejos.
La decisión de suspender a Garzón ha dado la vuelta al mundo y ha tenido repercusión en numerosos medios internacionales.
Uno de los primeros en reaccionar al aplazamiento de la decisión sobre el traslado de Garzón ha sido el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que ha calificado de "llamativo" que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya decidido pedir nuevos informes antes de pronunciarse sobre la petición de traslado a La Haya del ya suspendido juez Baltasar Garzón y ha apuntado que "sólo falta que le pidan el ADN", en una entrevista en RNE.
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