Productoras y distribuidoras discográficas independientes han presentado un escrito al Ministerio de la Presidencia en el que reclaman soluciones a la "piratería" en Internet y en el que imputan responsabilidad a la administración por los perjuicios que esta práctica les ocasiona.
Las empresas firmantes, asesoradas por Alberto Segura del despacho de abogados Roca Junyent, son Blanco y Negro Music, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Pias Records Spain, Popstock, Producciones Blau, Bcore Disc, Columna Música, Gorvijac Music, Kasba Music, K-Industria Cultural, Meta Network, Música Global Discográfica, Open Records y Picap.
Según afirman, la irrupción de la descarga masiva y gratuita de archivos de Internet ha hecho que las pequeñas y medianas empresas discográficas firmantes hayan visto amenazada su actividad empresarial, al reducir su facturación en un 65 por ciento en los tres últimos años.
Ello ha conllevado -añaden- un descenso del 40 por ciento del número de trabajadores ocupados en el sector desde el año 2004, y el cierre en los últimos años de unos 800 establecimientos relacionados con la industria fonográfica.
El manifiesto se ha enviado, además de al Ministerio de la Presidencia, al resto de Ministerios que integran la Comisión Interministerial creada por el Ejecutivo para buscar soluciones a la "piratería" en Internet, según ponen de manifiesto en un comunicado.
En el escrito se reclama al Gobierno la "adopción inminente" de medidas efectivas que protejan los derechos e intereses de la industria discográfica y los derechos de propiedad intelectual de los agentes que intervienen en el proceso de creación musical dentro de la Red.
Las pequeñas y medianas empresas que conforman el sector discográfico independiente firmantes del manifiesto ponen de relieve "la magnitud de los perjuicios que viene sufriendo el sector como consecuencia de la falta de actuaciones efectivas llevadas a cabo por la Administración para combatir la masiva vulneración de derechos de propiedad intelectual que se realiza en Internet".
Para la industria discográfica, esta vulneración comporta que los productos que saca al mercado y distribuye tras un proceso productivo que requiere importantes inversiones, son adquiridos por los consumidores "sin pago de precio alguno".
Según estas empresas, la falta de actuaciones efectivas "y la consecuente proliferación de conductas ilícitas" en la Red han traído como consecuencia el cierre de innumerables sellos discográficos independientes y empresas de distribución, "que se han visto obligados a arrastrar al paro a un sin fin de trabajadores en los últimos años".
Además, las empresas firmantes aseguran que la nueva línea de negocio que debía significar Internet no ha generado los correspondientes ingresos, "como muestra que a lo largo de 2008 se contabilizaron 2.000 millones de ficheros musicales descargados ilícitamente de Internet, frente a 20 millones descargados de forma legal".
En su opinión, España debe seguir la normativa marcada por países como Francia, Suecia y Reino Unido, en los que -a su juicio- más se ha avanzado en la lucha contra la piratería digital.
El sector considera que las medidas contempladas en la Ley de Economía Sostenible son "insuficientes", al no resolver la imposibilidad actual de ejercer acciones civiles contra aquellos usuarios finales.
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