La juez suspende cautelarmente el proceso electoral en Caja Madrid

• El Ayuntamiento de Madrid ha impugnado el reparto de consejeros
• La Casa Real cedió sus 64 consejeros para su redistribución
• Con la suspensión, la representación del consistorio no se ve mermada

El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid ha emitido un auto de suspensión cautelar del proceso electoral en Caja Madrid.

Lo hace tras la petición presentada por el Ayuntamiento de Madrid y su impugnación del reparto realizado por la comisión electoral de la entidad respecto de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real.

El auto de la juez Inmaculada Vacas establece "la suspensión del acuerdo de la comisión de control en funciones de la comisión electoral de Caja Madrid en cuanto omite del porcentaje de designación de consejeros generales que corresponden al Ayuntamiento de Madrid en el proceso electoral".

A su juicio, se evidencia "un peligro de mora procesal caso de no adoptarse la suspensión del acuerdo, pues finalizaría el proceso electoral en perjuicio del Ayuntamiento de Madrid con un número de consejeros por él designados inferior al que le correspondería".

Contra este auto no cabe recurso, pero la caja de ahorros, parte demandada, podrá oponerse a la medida en un plazo de 20 días contados desde la notificación.

La jueza ha tenido en cuenta la prueba documental del consistorio en la que consta que el acuerdo otorga al Ayuntamiento de Madrid la designación de 36 consejeros en la caja, lo cual "no se corresponde con el número que le correspondería en aplicación del  artículo 31.2 de la Ley de Cajas y el 13.2 de los Estatutos de la entidad, en su redacción vigente en los meses de octubre y diciembre de 2008", en los que según el Consistorio "se inició y concluyó el  proceso electoral correspondiente a la entidad fundadora del Patronato Real".

La Casa Real quería un reparto proporcional

En esa fecha es cuando consta la comunicación remitida por el jefe de la Casa Real del 19 de noviembre de 2008, en la que indicó que los 64 consejeros que asignan los estatutos a la entidad fundadora, se repartiesen entre los restantes sectores representantes en la Asamblea General de la caja. 

La jueza valora también el argumento de que "los consejeros que le corresponderían al Patronato Real debían ser repartidos entre los demás sectores lo que incluía a las corporaciones locales, por lo que finalmente al Ayuntamiento de Madrid le correspondería designar más consejeros".

La Ley de Cajas aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre ya se enfrentó la pasada primavera a un recurso de inconstitucionalidad que obligó a su modificación, aunque no respecto al reparto de los representantes cedidos por la Corona, pese a que el Ayuntamiento siempre defendió su incoherencia respecto a la LORCA.