Los médicos reclaman incluir "urgentemente" la objeción de conciencia en la nueva ley del aborto

La Organización Médica Colegial de España (OMC) ha reclamado incluir "urgentemente" en la tramitación parlamentaria de la nueva ley del aborto la objeción de conciencia del personal sanitario, "como se recoge en casi todos los países con legislaciones despenalizadoras del aborto".

Tras las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que identificó la objeción de conciencia de los médicos ante el aborto con la "desobediencia civil", la OMC insiste en que la objeción "es un derecho de todos los ciudadanos respaldado por la Constitución española".

El Consejo General de Colegios de Médicos, a través de su Comisión Central de Deontología, considera "imprescindible" la validación deontológica de los casos de auténtica objeción de conciencia.

Por ello, ha propuesto un proceso de validación de objeción de conciencia que, reconocido por la autoridad sanitaria, supedite la dispensa de la obligación legal de los médicos que lo solicitasen al dictamen que el Colegio de Médicos emitiese tras analizar cada uno de los casos.

Ley de objeción genérica

Por su parte, la responsable de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, ha propuesto la elaboración de una ley de objeción de conciencia en todos los ámbitos, no sólo para el aborto.

Valenciano considera que en el caso del aborto debe mejorarse porque ha habido casos de objetores en la sanidad pública que los han practicado en la privada.

Respecto al contenido concreto de la ley aborto, Valenciano opinó  que el anteproyecto debe ir al Congreso "tal y como está", para que  en el trámite parlamentario se busque "el máximo acuerdo posible"  para una ley "que hace mucha falta" y que debe poner a España "en el  nivel del resto de los países europeos".

Rechazo del ministro de Justicia

El Ministerio de Justicia afirmó esta semana que el Gobierno no tiene "la más mínima voluntad" de cambiar  el anteproyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo  para mencionar la objeción de conciencia.

En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló el jueves que "allí donde no hay una ley" que la permita "no cabe la  objeción de conciencia". Según su Departamento, la objeción de  conciencia debe ser regulada para evitar que "pueda confundirse con  la desobediencia civil".

Caamaño, además, defiendió "plenamente" la "constitucionalidad" del anteproyecto de ley impulsado por la ministra de Igualdad, Bibiana  Aído, al considerar que no introduce "ningún elemento excepcional o  distinto" al recogido en la legislación de otros países occidentales.

No obstante, se muestra abierto a que la negociación en las Cortes  pueda establecer "alguna modulación" al proyecto, entre las que cita  una aplicación del "modelo francés", en el que la menor debe acudir a  los servicios sanitarios "acompañada de un adulto". "No de sus  padres, puede ser su novio", matiza antes de defender la posibilidad  de que las menores de 18 años que quieran abortar tengan que recibir  "refuerzos de información" en el sistema sanitario.

Menores de 16 años sin permiso paterno

En relación con la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno,  Caamaño recuerdó que, "más  allá" de la negociación que puedan llevar a cabo los grupos  parlamentarios durante la tramitación del proyecto, ésta es la edad  que marca la mayoría de edad sanitaria en España y "en casi todos los  países de nuestro entorno".

Asimismo, considera "muy preocupante" que la obligación de  autorización por parte de los padres pueda llevar a una menor de 16  años a "un circuito sanitario que no esté homologado y que no tenga  la calidad de un sistema público". "Eso me preocupa como padre y como  ciudadano de este país", afirma.

El Gobierno mantendrá su propuesta de que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin permiso paterno y corresponderá al Congreso  ratificar esta posibilidad o modificarla. El PSOE defiende este punto  de la ley porque 16 años es la mayoría de edad sanitaria, a partir de  la cual se puede dar consentimiento para otras intervenciones  quirúrgicas.