RTVE.es/EFE El Gobiermo ha puesto en marcha dos anteproyectos de ley que prevén la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y establecerán las condiciones de seguridad para su almacenamiento.

El primero de ellos estima la desaparición de las emisiones que en un futuro, serán comunitarias.

Los derechos de emisión se adjudicarán por subasta, y compañías como las eléctricas o las aéreas, que antes no pagaban por las emisiones, tendrán que empezar a hacerlo a partir del año 2012.

"La idea es que se organice un sistema armonizado de subastas a nivel comunitario que vayan sacando de manera encadenada los distintos países", ha explicado el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín.

En España las subastas las organizará la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a través de una convocatoria por la que se anunciará un determinado volumen de derechos de emisión y los interesados en comprar esos derechos deberán presentar sus ofertas.

El segundo anteproyecto establece las condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente, en relación con el almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono.

Con él, se establece un régimen jurídico que facilita el permiso de investigación y la concesión de su almacenamiento, que serán otorgados por el Ministerio de Industria, previo informe favorable del de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Así lo ha asegurado este lunes la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, quien ha explicado que "una red de tuberías podría en el futuro trasladar el CO2 desde cualquier punto del Planeta hasta otro donde haya un almacén geológico y evitar así el efecto invernadero responsable del cambio climático".

En España, el Instituto Geológico y Minero está estudiando el mapa geológico para identificar el emplazamiento adecuado.

En relación con el funcionamiento, el anteproyecto establece la obligación de realizar un seguimiento continuo de las instalaciones, cuya tutela corresponde a las comunidades autónomas.

A todo ello se suma la apuesta de España por la energía eólica, que representa ya el 11% del total de la demanda peninsular. Existen en nuestro país 17.000 molnos de viento, representando una apuesta por las energías renovables.