AGENCIAS - MADRID El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha propuesto al Ministerio de Industria una sanción para la central nuclear de Ascó, en Tarragona, de entre 9 y 22,5 millones de euros por los incidentes registrados en noviembre del año pasado tras los que se detectaron particulas radioactivas en el exterior de la planta. De aceptarse la cuantía de la multa, se convertiría en la mayor impuesta a unas instalaciones de este tipo en España.

El Pleno del órgano de vigilancia nuclear pretende que se abra un expediente sancionador a la central que incluya cuatro propuestas de sanción graves y dos leves. Sus conclusiones se fundamentan en que, aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente y la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve, se han producido fallos significativos en el control y el suministro de información al CSN por parte del titular de la planta.

Por su parte, fuentes de la central han anunciado que formularán las "alegaciones pertinentes" al expediente sancionador. En un comunicado, ANAV, la empresa explotadora, ha anunciado que se pronunciará "en el momento oportuno del procedimiento administrativo", es decir, después de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio notifique la propuesta de sanción.

Cuando se efectúe la notificación del Gobierno, ANAV la "analizará detalladamente" y decidirá cuando presentar alegaciones.

Sanción "insuficiente"

En reacción a la decisión del CSN,  representantes de  varias organizaciones ecologistas han calificado de "insuficiente" la propuesta de expediente sancionador. Han advertido también de que la decisión "minimiza el impacto del accidente" (fuga de partículas radiactivas en el interior y exterior del emplazamiento).

El portavoz de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejo, ha dicho que la sanción, que podría oscilar  supone "un mal comienzo", pues aunque "ninguna de las sanciones contempladas por la ley es satisfactoria", esperaban "mayor firmeza e independencia" por parte del organismo regulador de energía. "Tendría que haber llegado a la sanción máxima de 300 millones de euros", ha recalcado.

A su juicio, las sanciones económicas "no son disuasorias ni suficientes", ya que el suceso fue "muy grave" porque se ha demostrado que hubo "mala práctica, que se manipularon los medidores y se ocultó información, mientras grupos de niños de colegio visitaban las instalaciones" de la central de Ascó I.

Por su parte, Greenpeace ha manifestado su opinión "absolutamente negativa" sobre la propuesta de sanciones. Así, la responsable de cambio climático y energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha asegurado que las seis sanciones que propone el Consejo son "demasiado flojas y pequeñas", y ha añadido que lo son en comparación "con el beneficio económico que el titular ha ganado en los últimos meses" tras su decisión de "salir adelante".

A cambio, la Generalitat de Cataluña considera la multa "justa". Fuentes de la dirección general de Protección Civil de la Generalitat han asegurado a Europa Press que la propuesta de seis sanciones es "proporcional al accidente". Otros de los adjetivos con que la Generalitat calificó la resolución del CSN fue "correcta" y "ajustada a la ley y al derecho".

En la misma línea, el Partido Popular ha manifestado su deseo de que la sanción tenga un "carácter disuasorio"