El Gobierno italiano de Silvio Berlusconi aprobará el próximo miércoles día 21 un paquete de medidas urgentes sobre seguridad y para luchar contra la inmigración ilegal. Según las filtraciones a la prensa local, este plan contempla el delito de inmigración clandestina y permitiría expulsar a ciudadanos de los nuevos países de la UE; en concreto, la medida tiene en mente a los inmigrantes rumanos.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, ha anunciado la aprobación de este paquete de medidas pocos minutos después de que Berlusconi acabara su comparecencia ante la Cámara de los Diputados para pedir el voto de confianza para su Gobierno.

En su intervención, Berlusconi ha asegurado que intervendrán para garantizar la seguridad a los ciudadanos, "ya que seguridad es sinónimo de libertad". A este respecto ha anunciado que luchará contra la "inmigración salvaje" (ilegal).

No obstante, ha suavizado ligeramente su discurso al precisar que hará una política "cuidadosa y razonada" con la inmigración legal. "Aunque tenemos que ser dueños de nuestra casa, tenemos que desplegar nuestra capacidad de acogida", ha afirmado Il Cavaliere.

Polémica previa

El discurso ligeramente suavizado pronunciado hoy por Berlusconi viene precedido de una polémica en el fin de semana que ha llevado incluso al Gobierno de Rumanía a envíar a un ministro para abordar la posible expulsión de inmigrantes rumanos.

El plan de línea dura sobre seguridad de Berlusconi contemplaría ese delito de inmigración clandestina, que pretende introducir el ministro de Interior. Maroni, según las filtraciones a la prensa, habría analizado con sus colaboradores la posibilidad de expulsar a los ciudadanos de los nuevos países miembro de la UE que ponen en riesgo la seguridad y el orden público.

Maroni busca una norma que no esté en contradicción con la UE y que permita la expulsión inmediata del extranjero que haya cometido el delito. El ministro también estudia normas que contemplen la expulsión si no se acredita una renta mínima o una vivienda digna.

Los inmigrantes irregulares rumanos están en punto de mira de los italianos después de que el pasado octubre fuera asesinada una mujer en Roma, esposa de un militar, presuntamente a manos de un ciudadano de etnia gitana originario de Rumanía. Dirigentes de la derecha exigieron entonces la expulsión de 250.000 rumanos, la mayor comunidad de inmigrantes en Italia, y Berlusconi se mostró partidario en aquellos días de cerrar las fronteras a los ciudadanos de ese país.

Rumanía advierte del riesgo para las relaciones

Ante esta situación, el primer ministro rumano, Calin Popescu Tariceanu, anunció el lunes que enviaría al ministro de Interior, Cristian David, a Italia para tratar la situación de los emigrantes rumanos amenazados con la expulsión por el nuevo Gobierno italiano.

"Esperamos que el Gobierno italiano dé prueba de sensatez en cuanto a la limitación del derecho a la libre circulación, para no afectar la relación bilateral", precisó Tariceanu, quien indicó que el 99% de los emigrantes rumanos en Italia trabajan honestamente para mantener a sus familias de Rumanía.

"Creemos que la alimentación de unas actitudes xenófobas puede afectar la relación bilateral entre Rumanía e Italia, que no es en interés de nadie", dijo Tariceanu.

Tras esta advertencia del Gobierno rumano, el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, hizo algunas matizaciones al respecto: aseguró que "no habrá expulsiones masivas" de rumanos en Italia, pero precisó que los rumanos "honrados serán acogidos en nuestras casas y empresas y los deshonestos serán devueltos al país del que provengan".

Frattini, que reconoció que "los rumanos honrados y que trabajan son necesarios para la economía italiana", recordó que Rumanía no pertenece todavía al tratado de Schengen (libre circulación) y está sujeta "a todas las reglas de los países no europeos" hasta 2011. Por ello, precisó Frattini, con el paquete de medidas de seguridad que estudia el Gobierno de Silvio Berlusconi, "no se pone en entredicho la libre circulación".

El conservador Frattini subrayó que los inmigrantes que llegan a Italia procedentes de Rumania tienen la obligación, por ley, de registrarse, decir donde vivirán y con cuales medios económicos piensan vivir y que como turistas no pueden permanecer más de tres meses.