Un juez imputa a Cristóbal Montoro por beneficiar ilegalmente a empresas gasistas cuando era ministro de Hacienda
- La causa pone el foco en Equipo Económico, un despacho de abogados creado por Montoro
- Habría intervenido presuntamente en reformas legislativas para que se desarrollasen conforme al interés de sus clientes
Un juzgado de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, por presuntamente beneficiar ilegalmente a empresas gasísticas mientras lideraba dicho ministerio.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha levantado el secreto de sumario de la causa, abierta hace siete años, y que se centra en un despacho de abogados creado por Montoro y al que habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa de titular de Hacienda.
En la trama hay involucradas 28 personas físicas y 6 jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Montoro fue ministro de Hacienda durante el Gobierno de José María Aznar, entre 2000 y 2004, y el de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018.
Equipo Económico, el despacho investigado
Montoro fue "socio, fundador, presidente y consejero" del despacho Equipo Económico (EE) hasta abril de 2008 y "ocupó el cargo de ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación", indica el juez en el texto.
Como relatan las diligencias llevadas a cabo, existía una "organización" en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central y desde donde se habría conformado una "red de influencias" para obtener un lucro económico. Esa organización es EE (antes Montoro Asociados y actualmente Global Afteli) y sus socios de hecho o derecho.
¿Y cómo actuaba? Según el texto, "a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública", intervenía de forma decisiva en reformas legislativas para que estas se desarrollaran "conforme a los intereses de sus clientes" que, anteriormente, no habían podido obtener las reformas y que, para conseguirlas, tuvieron que acudir a esta organización.
"El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público", apunta el juez.
Las gasistas beneficiadas
Las investigaciones se han centrado en las relaciones entre EE y empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), lo que incluye a Air Liquida, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. La investigación, indica el juez, ha revelado que "hasta en dos ocasiones las gasistas contrataron a EE para que hiciera uso de su red de influencias para que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones".
Así, prosigue el texto, la AFGIM y las entidades que la conforman trataban de conseguir que se legislara en base a sus intereses acudiendo a varias consultoras, pero sin obtener resultados "satisfactorios" y encontrándose con la negativa de la Administración para llevar a cabo las reformas.
Ante esto, acudían a EE, que "en poco tiempo, y sin causa aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen atendiendo a las peticiones de la AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos", relata el juez.
La primera de las dos ocasiones mencionadas está relacionada con la obtención de una medida legislativa para conseguir una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. En la segunda, la relación contractual entre AFGIM y EE se traduce en una rebaja fiscal para las gasistas en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) mediante una modificación legal.
Los investigados
Como explica el juez, los nombramientos efectuados por Montoro permitieron que el control de los órganos con competencias decisivas para tramitar las normas de referencia quedase vinculado a EE, su despacho.
Aparte de a Montoro, el procedimiento se dirige a unas personas que pasan a tener calidad de investigados. Entre ellas están Miguel Ferré Navarrete (secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016 y nombrado por Montoro), Pilar Platero Sanz (subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016, también nombrada a propuesta de Montoro), y Felipe Martínez Rico (subsecretario de Hacienda y Función Pública, nombrado por Montoro).
