La Audiencia Provincial de Madrid comienza este lunes el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, quien se enfrenta a una petición del fiscal de tres años y tres meses de cárcel por el caso Máster. El Ministerio Público acusa a la exdirigente del PP de ser la inductora de la falsificación del acta que acredita que había acabado y defendido su máster, lo que no hizo.
Foto: Imagen del año 2019. EFE/Javier Lizón
Vacunarse contra el coronavirus no es obligatorio, pero ¿quién toma la decisión por las personas que están incapacitadas legalmente? Tiene que ser su tutor legal. En Sevilla ya se ha dado el caso de una familia que se ha negado a dar la autorización para que se vacune a su tutelado en una residencia de ancianos. Y no es el único. Ahora serán los juzgados los que decidan. Los expertos apuntan a que prevalecerá la salud del tutelado.
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Foto: Rafael Perea, de 94 años de edad, recibe la vacuna Pfizer contra el coronavirus, durante el inicio de la campaña de vacunación de la COVID-19 en la ciudad de Badalona. EFE/ Enric Fontcuberta.
El Tribunal Supremo ha inadmitido las 20 querellas y 30 denuncias presentadas durante la pandemia contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la COVID-19 al considerar que "no está debidamente justificada" la autoría de los hechos que se atribuyen a los miembros del Ejecutivo. Sin embargo, ha acordado remitirlas a los juzgados para que se incoen las causas penales que correspondan o se acumulen a las que ya están siendo o han sido tramitadas.
En especial, pide a los juzgados ordinarios en investigar las muertes en residencias de la tercera edad, "en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías", y sobre una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.
El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la condena de Ana Julia Quezada por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, desestimando el recurso de la defensa de la autora confesa del crimen a la pena de prisión permanente revisable que le impuso la Audiencia Provincial de Almería. Los hechos tuvieron lugar en una finca de Rodalquílar, Almería, en febrero de 2018. La condena fue la primera de este tipo a una mujer desde que se introdujo en el Código Penal en 2015, que fue dictada tras un juicio con jurado popular y ratificada el pasado febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha sido finalmente confirmada por el Tribunal Supremo. Los magistrados consideran que la valoración jurídica que llevó al tribunal a imponer prisión permanente es válida y estuvo suficientemente fundamentada y estiman que el veredicto que dictó el jurado estaba motivado.
